El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Jorge Taiana (Frente de Todos), rechazó esta tarde el ingreso de un submarino nuclear de Estados Unidos en el océano Atlántico Sur, que con el apoyo de aviones británicos realizaba ejercicios militares, y consideró como "una violación flagrante a la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur, establecida por la Resolución 41/11 de la Asamblea General de ONU".
"Lo sorprendente es que el comandante de submarinos de Estados Unidos en el Atlántico haya reconocido públicamente que se realizaban estos ejercicios militares. Resulta muy preocupante que Estados Unidos avance en la militarización del Atlántico Sur", subrayó Taiana en declaraciones a radio Nacional.
Tenés que leerRossi aclaró que el submarino nuclear visto en el Atlántico Sur "está en aguas internacionales"El excanciller destacó que con estos ejercicios "Estados Unidos fortalece su presencia naval en el Atlántico Sur y además los realiza junto a los británicos como forma de legitimar la ocupación de las islas Malvinas".
"Esta presencia tiene que ver con la creciente relevancia de la Antártida y con la decisión de mostrar un despliegue global frente al desarrollo de otras fuerzas navales", señaló el legislador nacional.
El Gobierno nacional expresó hoy su “grave preocupación” por la navegación en el Atlántico Sur del submarino estadounidense USS Greeneville, recordó que “portar y emplear armamentos nucleares” en esa área contradice resoluciones de Naciones Unidas en la materia y exhortó a que se respete la región como "zona de paz y cooperación".
Tenés que leerPreocupación por ejercicio de submarino nuclear de EE.UU. junto a aviones británicosA través de un comunicado, la Cancillería expresó su “grave preocupación por una información surgida de la cuenta oficial de Twitter del Commander Submarine Force Atlantic (Comsublant) por la cual se señala que recientemente operaron con apoyo británico en el Atlántico Sur, `demostrando el alcance global de ambas naciones´”.
El hecho fue denunciado ayer por la provincia de Tierra del Fuego, que consideró que se trata de una “flagrante violación” a los acuerdos internacionales.