A través del Decreto 123/2021, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la creación del Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, que buscará mejorar los mecanismos estatales para prevenir la violencia de género.

El documento publicado en el Boletín Oficial lleva la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de las ministras de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; de Justicia, Marcela Losardo, y de Seguridad, Sabina Frederic.

Según la publicación, el organismo tendrá la función de garantizar “un abordaje integral, eficaz y articulado por parte de los distintos organismos involucrados del Estado Nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación ante este tipo de hechos y de otras violencias extremas”.

Por otra parte, expresa que será el encargado de “elaborar en forma conjunta los lineamientos para una política federal integral y unificada de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de los femicidios, travesticidios y transfemicidios” y de coordinar “estándares, herramientas de gestión, protocolos, guías y criterios rectores generales de actuación teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio”.

Por otra parte, el documento destaca la función de “unificar los sistemas de registro y gestión de la información”; ”promover mecanismos y circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión” de este tipo de casos; promover “la coordinación de acciones entre los organismos judiciales, de seguridad y las áreas de género con competencia en la materia a nivel nacional y local”, y “recomendar la elaboración y aprobación de normas que contribuyan con los objetivos propuestos”. También, “promover el fortalecimiento de los dispositivos locales de asistencia integral” y de impulsar, en cada provincia, la organización de mesas de trabajo “con participación de los gobiernos locales, integrantes del poder judicial y ministerios públicos con competencia en cada jurisdicción, referentes de la sociedad civil, asociaciones de apoyo a las personas en situación de violencia y expertos y expertas en la materia”.

Por último, deberá “redactar y elevar un informe anual de las acciones que se tomaron en las distintas provincias y en el ámbito nacional”, el cual luego “deberá ser enviado al Congreso de la Nación”.

Recomendaciones para provincias

El documento recomienda a las provincias “jerarquizar y fortalecer las áreas de género” y “generar mecanismos que faciliten la realización de denuncias administrativas ante casos de violencias por motivos de género que involucren a miembros de las fuerzas de seguridad”. Además, aconsejó impulsar acciones para “garantizar que en los establecimientos de salud se cuente con equipos interdisciplinarios que aseguren un adecuado abordaje” de las mujeres que son agredidas por hombres, incluyendo un “registro de las intervenciones sanitarias vinculadas a estas situaciones”.