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Más de 1.300.000 personas físicas beneficiadas

El impacto fiscal de los cambios en ganancias alcanzaría los $ 47.569 millones durante 2021

Un estudio definió la cantidad de beneficiarios como el costo fiscal de los cambios impulsados.

La investigación fue realizada por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación.    Crédito: Archivo El LitoralLa investigación fue realizada por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación.
Crédito: Archivo El Litoral

La investigación fue realizada por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. Crédito: Archivo El Litoral

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Más de 1.300.000 personas físicas beneficiadas El impacto fiscal de los cambios en ganancias alcanzaría los $ 47.569 millones durante 2021 Un estudio definió la cantidad de beneficiarios como el costo fiscal de los cambios impulsados. Un estudio definió la cantidad de beneficiarios como el costo fiscal de los cambios impulsados.

El costo fiscal que tendrán los cambios que impulsa el oficialismo en el impuesto a las Ganancias para personas humanas tendrán un costo fiscal de 47.569 millones de pesos, según un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC).

 

El análisis dice que el alivio en el pago del impuesto beneficiará a unas 1.207.760 personas activas en relación laboral de dependencia y a 99.062 personas del sector pasivo (jubilados), alcanzando así a un universo total de 1.306.822.

 

La OPC procedió al cálculo de la estimación del impuesto determinado para el año 2021 del universo de sujetos beneficiados, con una estimación propia de la evolución promedio de los salarios formales y de las jubilaciones durante el año.

 

Ese estudio se hizo con el objetivo de lograr una cuantificación del costo fiscal y la distribución del impacto entre contribuyentes respecto del proyecto de ley del Frente de Todos para el ejercicio fiscal 2021.

 

Tanto para el caso de las modificaciones propuestas sobre contribuyentes activos en relación de dependencia como para las jubilaciones, se simuló el impuesto determinado en el escenario de "reforma" en comparación con el impuesto determinado que se hubiera obtenido durante 2021 en ausencia de cambios legislativos, para un contribuyente "promedio del tramo" en función de la remuneración promedio y las cargas de familia del tramo de remuneración bruta para los sujetos.

 

Por su parte, el proyecto de ley delega en el Poder Ejecutivo la posibilidad de modificar las deducciones especiales incrementales del artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, incorporadas por el artículo 39, para el tramo de remuneraciones brutas mayores a $ 150.000 y menores a $ 173.000, dejando abierta la posibilidad de incrementar el costo fiscal provocado por dicho artículo al momento de la reglamentación.

 

Esa metodología fue presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en sesiones informativas de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, aunque aún no ha sido incorporada al proyecto de ley, razón por la cual se estiman los efectos "Sin Fórmula AFIP" y "Con Fórmula AFIP".

 

Simulaciones

 

Para las simulaciones realizadas, se tomaron en cuenta las proyecciones propias de la OPC que consisten en una variación promedio anuales de la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) de 36,9% y de movilidad jubilatoria del 32%, sobre la base de la determinación anual del impuesto establecida por la legislación vigente.

 

De acuerdo con la metodología planteada, la OPC estima que el impacto del proyecto se ubicaría en $ 34.144 millones, cifra que podría verse incrementada hasta $ 47.569 millones en caso de que el Poder Ejecutivo estableciera el mecanismo adelantado por la AFIP para suavizar el impacto del impuesto sobre los ingresos del trabajo entre los $ 150.001 y $ 173.000.

 

En cuanto a la distribución del impacto fiscal, dadas las normas de asignación del Impuesto a las Ganancias, en caso de implementación del mecanismo de atenuación presentado por el Poder Ejecutivo, las provincias y Ciudad de Buenos Aires verían afectados sus ingresos en $ 27.850 millones y la Administración Nacional reduciría sus ingresos en $ 18.816 millones, siendo los restantes $ 904 millones correspondiente a "Otros Entes del Sector Públicos".

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El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.
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