Un profesor de Educación Física de la ciudad de Esperanza firmó una suspensión de juicio a prueba por el que deberá pagar $ 100.000, en concepto de donaciones y multa, luego de que un paciente lo denunciara por el delito de ejercicio ilegal de la medicina.
La audiencia en la que se trató la "probation" se realizó el pasado viernes en los tribunales de Santa Fe, ante el juez de la investigación penal preparatoria, Luis Octavio Silva. Las partes, representadas por el abogado particular Alejandro Marcuzzi -por el lado del imputado– y el fiscal de Esperanza, Alejandro Benítez, acordaron entonces la aplicación del criterio de oportunidad por un año, cuando de no mediar cambios, una vez vencido ese plazo la acción penal quedará extinguida.
Pero antes, el implicado deberá pagar $ 100.000 en concepto de donaciones a dos instituciones y multa. Según confirmó el Dr. Marcuzzi a El Litoral, se trató de "una compensación económica de $ 40.000 destinada al Colegio de Kinesiólogos (de la primera circunscripción); otros $ 40.000 a los Bomberos Voluntarios de Esperanza; y los $ 20.000 restantes fueron para el Ministerio Público de la Acusación en concepto de multa".
Aunque hizo reserva de identidad, el letrado esperancino explicó que su cliente "fue investigado, hubo un allanamiento y secuestro de instrumental en el lugar donde se realizaba el supuesto hecho delictivo". Además, aclaró que por tratarse de una suspensión de juicio a prueba, el acuerdo no implicó "el reconocimiento del delito" por parte del denunciado; es decir que "sin reconocer la responsabilidad penal, mi cliente se comprometió en no hacerlo más".
En tanto, el fiscal Alejandro Benítez confirmó que se trató de una investigación por el presunto delito de "ejercicio ilegal de la medicina", puntualmente referido a la práctica kinesiológica, denunciada en 2020 en la ciudad de Esperanza.
El falso profesional desempeñaba sus funciones en un consultorio céntrico de la cabecera del departamento Las Colonias, para las cuales utilizaba una aparatología adquirida a un proveedor de Buenos Aires. Y si bien la defensa argumentaba que la concesión estaba respaldada por un médico habilitado; desde la fiscalía detectaron que quien alquilaba el local y las máquinas y realizaba las prácticas carecía de título.
El fiscal recordó que la investigación se inició "porque un paciente pedía a su obra social que le reconozca la práctica", pero "la obra social no le reconoce nada" por no tratarse de un profesional de la cartilla de prestadores, ni estar habilitado.
Asimismo, el representante del MPA le corre vista al Colegio de Kinesiólogos de Santa Fe, que "convalidó el reclamo del paciente".
"El problema no es el equipo"
Consultado por el caso el presidente del Colegio de Kinesiólogos de Santa Fe (1era. Circunscripción), Licenciado Javier Ragogna, confirmó la intervención de la institución en la denuncia presentada en la Fiscalía de Esperanza.
"Es una persona que estaba ejerciendo ilegalmente la profesión", sostuvo Ragogna, para quien "el equipamiento que utilizaba está registrado por la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y es de uso exclusivo para la salud, por lo que ninguna persona que no tenga un título habilitante puede utilizarlo".
"En el caso en cuestión, además suponíamos que hacía otro tipo de tratamiento de orientación a la kinesiólogía. No era solamente la utilización del equipamiento", y aclaró que "el equipo no es el problema, sino quien lo usa".
Por otra parte, explicó que "ha quedado un legado de gente que cree que puede tener acceso a prácticas de salud (bajo la figura del masajista, por ejemplo), pero hoy en la Argentina para atender una patología que tenga que ver con nuestra profesión o cualquier otra, se está ejerciendo ilegalmente la medicina si no se tiene una matricula".