¿Combatiendo a la Capital?

"La presencia del Presidente y todo su gabinete no solamente nos permite ir cumpliendo los compromisos de campaña, sino que le da contenido a la palabra federalismo", esgrimió Alberto Fernández en Rosario, acompañado por el gobernador Omar Perotti y el intendente de esa ciudad, Pablo Javkin. En el auditorio, junto a los ministros y funcionarios, se encontraba el santafesino Emilio Jatón, quien mereció menciones especiales y afectuosas durante el discurso del mandatario, el anuncio de obras "de emergencia", como el hospital de campaña frente al Cullen, y el compromiso de abordar trabajos estructurales de fondo, como la planta potabilizadora.

Fue en el marco del encuentro que forma parte de la iniciativa de Capitales Alternas, por el cual el jefe de Estado desembarcó en la ciudad del sur luego de la frustrada visita de marzo, para dar marco a una serie de anuncios que, con algunas novedades, consistió en una suerte de millonaria compilación de inversiones para la provincia, la amplísima mayor parte de ellas concentrada precisamente en ese sector de la bota.

Y también fue un momento en que Fernández pudo salirse de la agobiante centralidad que, a contrapelo del discurso federalista que marcó su inicio de mandato e intentó remedar en esta ocasión, para posar la atención y la mirada en un sector del país que no se constriña a los estrechos límites geográficos y políticos de ese gigantesco ente macro-urbano llamado Amba, que junta pero no integra el área de la Capital Federal y el conurbano bonaerense, y que se consagró en el protagonista de la gestión de gobierno.

Tanto es así que, aún en este contexto de tono federalista, el Presidente no pudo evitar referirse (por enésima vez) a las razones por las cuales los chicos del distrito capitalino no deben ir a clases presenciales. Una decisión quizá no infundada pero sí intempestiva, que le valió en un solo movimiento declarar la guerra al jefe de gobierno porteño, desatar una batalla judicial que compromete a la propia Corte Suprema de Justicia, descolocar a su propio gabinete, desconcertar a los gobernadores y enemistarse con padres de escolares y personal de salud.

Pero que, a la vez, y más allá de los numerosos frentes preelectorales que atraviesa esta movida (que de esta manera oscila de manera alarmante entre la imprevisión y la estrategia), involucra una cuestión de fondo, que ya no desafía sólo al federalismo, sino a la propia Constitución Nacional, y al rango equivalente al de una provincia y de un gobernador que ésta asigna al distrito y a su jefe de Gobierno. Como facultad delegada, las decisiones referidas a política educativa están en cabeza de cada uno de los mandatarios provinciales, como el propio Fernández asumió ahora en Rosario, al caer en la cuenta de que estaba sustentando la suspensión de las clases presenciales en un territorio donde la decisión política es de sostenerlas. Pero al parecer, esa prerrogativa es menos categórica cuando está en cabeza de un adversario político y eventual amenaza electoral, forzado habitante del peligroso vecindario que resultó compartir con Axel Kicillof.

El argumento es que la cuestión sanitaria prevalece sobre la potestad educativa; cuestión sumamente discutible, pero que sobre todo mereció ser conversada en otro ámbito y con otros modos que el de los expedientes y las diatribas públicas. Máxime cuando, trascartón, se desata otra disputa político-judicial por la vacunación de los afiliados del Pami y del personal docente.

Con la atención puesta de manera obsesiva en un punto del país (y no porque los problemas acuciantes e incluso violentos escaseen en el resto del territorio), el jefe de Estado intenta retener con consignas una credibilidad que se le escurre. Y que necesita urgentemente recuperar, para no ver socavada su autoridad en el momento en que más necesaria resulta.