Los senadores y los diputados santafesinos aprobaron, este jueves 29 de abril, la remoción de su cargo del ahora ex fiscal adjunto Mauro Blanco, de Venado Tuerto.
Mauro Blanco espera sentencia judicial bajo prisión domiciliaria
La Legislatura removió de su cargo a un fiscal de Venado Tuerto
La decisión fue tomada por unanimidad, en una Sesión Conjunta de ambas Cámaras. Blanco ya había sido suspendido -mediante el mismo mecanismo- hace seis meses por la Legislatura. Además del proceso político que termina, el ahora ex fiscal de Venado Tuerto enfrenta una causa judicial por cuatro delitos graves.
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En sesión especial conjunta, con el debido quórum y las mayorías requeridas para sendas Cámaras, se votó por unanimidad el dictamen elaborado por la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa que recomendó la medida más dura para Blanco, que le impide ingresar a las dependencias del Ministerio Público de la Acusación y lo inhabilita para intentar concursar por el cargo diez años.
El ex integrante del MPA había sido suspendido hace seis meses, sin goce de sueldo, a la espera de que haya un avance en la causa que la justicia le sigue a Blanco por la que aguarda, bajo prisión domiciliaria, una sentencia.
En el recinto de la Cámara de Diputados, como miembro acusador contra Blanco, el senador Joaquín Gramajo (PJ-JDP-9 de Julio) destacó la unanimidad del dictamen producido en esa instancia. Explicó que el encartado contó con todas las garantías del proceso que se ha reservado la Legislatura sobre defensores y fiscales del fuero penal santafesino y que los doce integrantes de la comisión que preside el diputado Fabián Bastia (UCR-FPCyS) acordaron la medida.
La sesión se cumplió puntual a partir de las 13 horas, con la enorme mayoría de las bancas ocupadas de manera remota por los legisladores, por videoconferencia. El tiempo que demandó verificar el quórum en cada Cámara fue mayor al del momento de la votación, que no registró votos por la negativa. Lo mismo había ocurrido el 22 de octubre del año pasado, pero aquella vez un tenso debate había tenido lugar en el seno de la Comisión de Acuerdos.
A poco de que terminara el período ordinario de sesiones de 2020 se prefirió que si hubiera avances sobre la causa judicial en contra de Blanco en Tribunales, habría una sanción mayor. Es lo que ahora ha ocurrido.
Gramajo pidió en las dos oportunidades la medida más dura para el fiscal. Pero, en octubre pasado, ante el peligro de que el Poder Legislativo santafesino votara de manera dividida, se optó por la suspensión. Por entonces, el tema generaba dudas especialmente en el radicalismo.
Antecedentes
Enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo agravado en un caso de estafas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y revelación de información secreta, son los graves delitos que, el 19 de abril, el juez de Primera Instancia, Adrián Godoy, aceptó para continuar la investigación a cargo del fiscal Leandro Mai, de la ciudad de Reconquista.
El magistrado encontró elementos suficientes en esos cuatro presuntos delitos, sobre los nueve de los que Mai acusó a Blanco.
El juez también estuvo de acuerdo con el fiscal del norte en trabarle una inhibición sobre algunos de los bienes de su -desde hoy- ex par del sur.
La Fiscalía había solicitado prisión preventiva ordinaria entendiendo que las acusaciones permiten proyectar una pena superior a los ocho años en caso de existir condena y que hay riesgo de entorpecimiento en la causa y riesgo de fuga por contar con dinero suficiente para irse del país. Además pidió una inhibición general de sus bienes.
El juez decidió la prisión domiciliaria porque entendió que no peligra la causa y porque contempló la situación familiar del fiscal bajo proceso, ya que recientemente Blanco ha enviudado y tiene cuatro hijos, dos de ellos muy chicos.
Los defensores de Blanco, en tanto, habían solicitado su libertad y sin éxito rechazaron la inhibición de bienes. Los abogados Rafaela Florid y Gustavo Feldman plantearon la nulidad del allanamiento en el que se detuvo al fiscal de Venado Tuerto el viernes, porque según su versión parte del material secuestrado no estaba relacionado con la acusación.
Un proceso diferente
Es interesante advertir que la validez jurídica o no de un elemento de prueba en un juicio en Tribunales, desde el punto de vista de los legisladores se torna menor o directamente irrelevante
En efecto, puede que evidencias obtenidas en un allanamiento que tenía otras justificaciones no puedan usarse en los estrados del Poder Judicial, pero indudablemente tendrán otro peso para los senadores y los diputados, que llevan a cabo un juicio de características políticas en el que la sociedad los mira.
La Legislatura ha dicho hoy que no debe seguir siendo fiscal alguien que está salpicado por esas investigaciones en curso, así como respecto de los vínculos confusos que ha tenido Blanco con un narcotraficante de esa ciudad del sur, más allá de la sentencia que luego dicte la justicia.
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