El gobierno nacional cedió al pedido de las asociaciones que nuclean a los subdistribuidores de gas natural por redes, para recibir el mismo trato que otros actores del sector.
En la provincia hay 20 entidades cooperativas y mutuales en esa situación. En todo el país, más de 220. El Estado aportará un 25% del total facturado durante los meses de invierno del subsector. No incluye al GLP (Gas Licuado de Petróleo).
El gobierno nacional cedió al pedido de las asociaciones que nuclean a los subdistribuidores de gas natural por redes, para recibir el mismo trato que otros actores del sector.
Un 25% del costo del gas que pagan las subdistribuidoras será afrontado por el Estado Nacional, a través de una compensación transitoria.
Mediante la resolución 507 del 5 de junio, publicada esta semana en el Boletín Oficial de la Nación, la secretaría de Energía lleva a la práctica los anuncios de principios de mes de algunos funcionarios de la Casa Rosada. Algo menos de mil millones de pesos es el total nacional a subsidiar, tras la última suba en el costo del gas natural.
Como se sabe, las subdistribuidoras compran el gas a las distribuidoras. Así, por ejemplo, la Cooperativa de Gas Setúbal lo hace con la empresa Litoral Gas. En la provincia, hay en total 20 entidades mutuales y sobre todo cooperativas que brindan el servicio como subdistribuidores y en todo el país, más de 220. Están nucleadas en dos asociaciones: la Federación de Subdistribuidores de Gas (Fesubgas) y el Instituto de Subdistribuidores de Gas de la República Argentina (Isga) que, al cabo de intensas gestiones antes las autoridades nacionales han logrado que se reconozcan las condiciones particulares en las que deben actuar.
Las distribuidoras de gas cuentan con clientes industriales, comerciales y residenciales, mientras que las subdistribuidoras –en su enorme mayoría- sólo le llevan el gas a estos últimos.
Como las tarifas a la distribución de gas aumentaron apenas entre el 10 y el 20% para los hogares y en cambio hasta el 90% a las empresas, los distribuidores lograron una recomposición general en alrededor del 30%. Sin embargo, para los subdistribuidores esa situación es diferente: sus tarifas mejoraron en menos del 20%.
Mediante la resolución 507 el gobierno nacional otorgó un subsidio económico de tipo transitorio a las subdistribuidoras de gas.
Dentro del sector del gas, el subsector se vio más afectado a partir de la publicación la semana pasada de los nuevos cuadros tarifarios de transición del gas. La compensación que recibirán las compañías —en su mayoría cooperativas— se extenderá durante los meses de invierno.
Con la firma del secretario de Energía, Darío Martínez, se dispone una "erogación con carácter de asistencia económica transitoria a las subdistribuidoras" entre los meses de mayo a noviembre.
La figura de subdistribuidor está contemplada en el decreto 1738/92. Tiene con los usuarios residenciales las mismas obligaciones que rigen para las distribuidoras, pero no es considerado como proveedor de última instancia.
Medio millón de usuarios
En la Argentina existen 222 localidades donde operan las subdistribuidoras, de las cuales 80% son cooperativas, del universo de subdistribuidoras; 69 de ellas distribuyen GLP indiluído y 153 gas natural. Operan 13.041 kilómetros de red que abastecen a un total de 505.742 usuarios. La medida que favorece a las subdistribuidoras de gas natural con subsidios durante los meses de invierno no llega a los integrantes del subsector que lo hacen con Gas Licuado de Petróleo (GLP).
Sube 10% la energía operada por la Epe
La Empresa Provincial de la Energía informó que en el último mes de mayo el total de la energía operada en su área de distribución creció un 10,2% con respecto al mismo período de 2020. Es importante destacar, respecto de esa comparación, que en aquel mes del año pasado las medidas sanitarias adoptadas frente a la pandemia estaban en su punto más alto. El dato de la Epe es provisorio y anticipa los informes técnicos –de tipo mensual- que elabora la Asociación de Distribuidores de Energía de la República Argentina, Adeera, con datos sobre todo el país que también incluyen la demanda de los llamados grandes usuarios, es decir, las industrias que compran energía en el mercado mayorista.
El diputado nacional por Santa Fe, Enrique Estévez (PS) presentó este jueves un proyecto de ley por el cual propone que se declare servicio público al conjunto de actividades que comprenden la industria y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) en el territorio nacional.
"Hoy en la Argentina 1 de cada 3 hogares no tiene acceso al gas de red y la familia debe utilizar garrafa para cocinar y calefaccionarse", manifestó el legislador socialista, y acotó que "resulta urgente que el Estado sea el regulador de las tarifas de las garrafas y que los sectores vulnerados no estén a merced de los precios del mercado".
El legislador nacional por Santa Fe dijo que hoy en Argentina hay más de 4 millones de hogares que no cuentan con servicio de gas de red y utilizan gas licuado de petróleo por medio de la garrafa.
Advirtió que esos usuarios pagan "altos costos por este servicio" y aseguró que al declarárselo servicio público existirá "la posibilidad de que el órgano de control fije las tarifas de toda la cadena en función de los costos y de una rentabilidad razonable y principalmente que los pueda controlar".
Afirmó que "la discusión es simple: al precio de las garrafas o lo fija el Estado o lo siguen haciendo las petroleras".
El proyecto prevé que el Poder Ejecutivo fije un cuadro tarifario para cada una de las etapas desde la producción hasta la comercialización, pero también será quien deberá establecer un sistema de distribución que garantice la universalidad del servicio.