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Miércoles 15.09.2021 - Última actualización - 14:30
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Centenario de la creación del Archivo General de la Provincia

El saqueo del Archivo; los papeles y las guerras civiles

Fachada del Cabildo de Santa Fe, primer repositorio de la documentación del archivo santafesino. Crédito: ArchivoFachada del Cabildo de Santa Fe, primer repositorio de la documentación del archivo santafesino.
Crédito: Archivo

Fachada del Cabildo de Santa Fe, primer repositorio de la documentación del archivo santafesino. Crédito: Archivo

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Centenario de la creación del Archivo General de la Provincia El saqueo del Archivo; los papeles y las guerras civiles Las guerras civiles provocaron daños en el archivo que no es posible mensurar hoy. Durante el siglo XX fueron recuperados importantes lotes de documentos.

El desordenado manejo del archivo capitular por parte de los escribanos que debían garantizar su prolija conservación durante los tiempos coloniales, se repitió en los años posteriores a la revolución y aparecieron nuevas calamidades con motivo de las guerras civiles. En 1812, al ordenar el Triunvirato la restitución del escribano Isidro Montaño Iturmendi, que había sido desplazado por el Cabildo por ineptitud, se discutió si se le entregaría el archivo, atendiendo, según parece, a deficiencias en su desempeño que habían producido pérdidas irreparables de documentos.

 

Poco tiempo después, el mismo escribano planteaba que no se hacía responsable de los daños sufridos por el archivo en el período que estuvo cesante, cuando quedó a cargo de José de Avechucho y José Troncoso. Quizá fue en este momento que se extraviaron los documentos correspondientes a 1810, cuya falta se hace constar el 17 de enero de 1816, cuando se resuelve fijar carteles para que aquellos individuos que pudieran tener aquellos documentos en su poder, o cualquier otro perteneciente al archivo capitular, los entregara o informara de su paradero.

 

Los desmanes de las guerras civiles

 

Las guerras civiles provocaron daños en el archivo que no es posible mensurar hoy. Antes de retirarse de la ciudad el general porteño Eustoquio Díaz Vélez, en marzo de 1815, ordenó que se enviaran a Buenos Aires los papeles y el dinero existentes en la oficina del Ministerio de Hacienda, para lo cual el ministro Rafael Martínez dispuso que los papeles del archivo se acomodaran en cinco carretas, en las que también viajaría su dilatada familia.

 

Nuevos desmanes tuvieron lugar cuando el mismo general tomó la ciudad en agosto de 1816, por lo que el síndico procurador del Cabildo, Juan Marcelino Maciel, proponía al gobernador López el 23 de septiembre de 1824, un plan ofrecido por el escribano José Gregorio Bracamonte para reorganizar el antiguo archivo capitular, que todavía mostraba el desorden en que lo dejaron los invasores, mientras en los archivos modernos de la Secretaría de Gobierno y de Hacienda, por ser la obligación del escribano tenerlos ordenados, habían sido arreglados y reparados de los destrozos. El gobernador delegado Pascual Echagüe, autorizó la realización del plan propuesto por el notario, asignándole una retribución de $ 50 de los fondos municipales.

 

Las transformaciones de la estructura del Estado dieron lugar a nuevos archivos. La creación del Tribunal de Alzada en 1826 y la creación, tras la disolución del Cabildo, de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y en lo Comercial en 1833, dieron lugar el 24 de enero de ese año, al dictado del Reglamento respectivo, con las partes expresamente atinentes al manejo del archivo. También fue organizado por orden del gobernador delegado Domingo Cullen del 23 de marzo de 1838, el archivo del Ramo de Temporalidades, puesto a cargo de funcionarios administrativos.

 

En 1850, el gobernador Echagüe dispone la realización de un inventario del Archivo de Gobierno antes de que fuera entregado al Ministro Secretario General, para lo cual se designó una comisión que debía actuar con el escribano de gobierno, que era por entonces José Alejo Caminos, "siendo que repetidas veces -consigna el decreto- ha sido desmembrado y casi totalmente destruido por la mano sacrílega y aniquiladora de los salvajes unitarios, quienes con suma imprudencia han ostentado la barbarie, arruinando e incendiando los monumentos públicos más importantes…"

 

Si las expresiones del decreto tienen un evidente espíritu partidario, no exageran en lo que se refiere al daño que las invasiones de los ejércitos porteños produjeron en los archivos. A los referidos destrozos ocasionados por Díaz Vélez, hay que sumar los que ocurrieron con la invasión de Lavalle en 1840. "Arrojados los legajos por la soldadesca a la calle pública -dice Lassaga- y a los patios del Cabildo, se avivaba con ellos la llama de los fogones, perdiéndose asín una parte importante del archivo".

 

También los federales, y aun los santafesinos, cometieron desmanes con el archivo. El coronel Prudencio Arnold relata en su Memorias cómo después de la batalla de Malabrigo, en la que tropas de Pascual Echagüe vencieron a las de Juan Pablo López que se retiraban hacia el Norte tras haber recuperado Santa Fe y haber sido desalojados, se encontraron junto con numerosos objetos llevados como botín, gran cantidad de papeles que pertenecían al archivo de Santa Fe, en un convoy de cuarenta carretas que seguían al general que escapaba.

 

Localización y rescates de documentos

 

Durante el siglo XX fueron recuperados importantes lotes de documentos. En 1923 el gobierno del doctor Mosca adquirió de la viuda del historiador Ramón J. Lassaga cuatro cajas de documentos que habían pertenecido al Cabildo de Santa Fe y que el destacado historiador Manuel M. Cervera había catalogado.

 

En 1988 recibimos en la Junta Provincial de Estudios Históricos información sobre la existencia de un legajo de documentos referidos a Santa Fe que estaban a la venta en una casa de antigüedades de Buenos Aires. Por la descripción y por las fechas topes que retuvo (1809- 1831) podíamos estar ante un hallazgo de gran importancia, pues entre las actas faltantes del Cabildo de Santa Fe figuraban precisamente parte de las correspondientes a esta etapa final de su existencia. 

 

Desde la Junta interesamos al Gobierno para que las adquiriera, considerando que estaban valuadas en tres mil dólares. Para confirmar que se trataba de tan importante documentación comisionamos a la historiadora María Amalia Duarte quien nos trasmitió un informe favorable. Como la compra no se concretaba, se dio participación a Fiscalía de Estado de la Provincia para que solicitase a la Justicia Federal que incautara los documentos por tratarse de bienes del Estado que son de naturaleza inalienables.

 

El trámite se realizó con la participación del Archivo General de la Provincia y el resultado fue exitoso. Poco tiempo después, el 15 de junio de 1989, el Archivo recibió de manos del Fiscal de Estado el preciado legajo que pudo regresar, luego de un periplo que ignoramos, a su repositorio natural.

 

(*) Contenidos producidos para El Litoral desde la Junta Provincial de Estudios Históricos.

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El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.
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