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Viernes 12.11.2021 - Última actualización - 21:39
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Ilegítima y arbitraria

Censo 2022, la empresa Boldt impugnó la licitación del Indec

El Indec recomendó adjudicar el contrato de unos 6.000 millones de pesos a una UTE que integra Modoc, una firma perteneciente a un empresario con buenos contactos en el peronismo.

 Crédito: Gentileza
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Ilegítima y arbitraria Censo 2022, la empresa Boldt impugnó la licitación del Indec El Indec recomendó adjudicar el contrato de unos 6.000 millones de pesos a una UTE que integra Modoc, una firma perteneciente a un empresario con buenos contactos en el peronismo. El Indec recomendó adjudicar el contrato de unos 6.000 millones de pesos a una UTE que integra Modoc, una firma perteneciente a un empresario con buenos contactos en el peronismo.

La empresa Boldt impugnó la licitación que el gobierno entregó a la UTE entre Kollor y Modoc para realizar el censo por casi 6 mil millones de pesos que instrumenta el Indec que conduce Marco Lavagna.

 

El escándalo puso el foco sobre Diego Mazer, el dueño de Modoc. Se trata de un empresario con estrechos contactos en el peronismo -supo estar muy cerca de Daniel Scioli y tiene vínculos con el actual jefe de Gabinete, Juan Manzur-, pero también con la administración porteña de Rodríguez Larreta.

 

En su impugnación, la empresa de Antonio Tabanelli destacó que el informe técnico del Indec que pidió adjudicar a Kollor y Modoc valoró "ilegítima y arbitrariamente la oferta" de esa UTE.

 

Sin antecedentes

Kollor es una imprenta, también sin antecedentes en la realización de censos, que actualmente imprime los diarios Página 12 y Ámbito Financiero, lo que hace presuponer a sus competidores que tienen buenos contactos con el actual Gobierno.

 

La firma Modoc a la que el gobierno pretende entregarle el censo, pertenece a Diego Mazer, un empresario con buenos contactos en el peronismo que supo estar muy cerca de Daniel Scioli. Mazer también tiene acceso a la gestión de Rodríguez Larreta y logró quedarse con licitaciones claves en la Ciudad.

 

“La firma Modoc a la que el gobierno pretende entregarle el censo, pertenece a Diego Mazer, un empresario con buenos contactos en el peronismo que supo estar muy cerca de Daniel Scioli. Mazer también tiene acceso a la gestión de Rodríguez Larreta y logró quedarse con licitaciones claves en la Ciudad”.

 

Boldt se indignó porque en su presentación, la UTE de Modoc y Kollor, a la hora de mostrar antecedentes en una tarea tan sensible como la realización de un censo, presentaron como propios trabajos que había hecho Boldt.

 

Las ofertas promedio rondaban los 6.000 millones y la UTE de Modoc y Kollor ofertó 4.200 millones. "Es una oferta de dumping que sólo se explica si ya saben que después van a lograr una redeterminación de costos, aduciendo la suba inflacionaria", explicó al portal lapoliticaonline.com una fuente al tanto de la licitación.

 

En una presentación previa, Boldt denunció que su competidora "cita haber participado en censos poblacionales 2001, 2010 y censo Educativo Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2017 y/o 2018, de lo que surge que claramente no han realizado ni participado directamente de ninguno de los censos poblacionales ya que estos fueron realizados por Boldt S.A en unión transitoria con la Casa de la Moneda (2001) y en forma individual como único adjudicatario en el caso del segundo (2010)".

 

"Con respecto a los censos educativos Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2017 y/o 2018, la sociedad Modoc nunca fue adjudicatario en ninguno de ellos, pues el correspondiente a 2017 fue realizado por la empresa Lakaut S.A., siendo Modoc contratado posteriormente -esto es no adjudicatario original- para brindar servicios de graboverificación (data entry exclusivamente) debido a problemas que habían afectado al adjudicatario original".

 

Estas afirmaciones de Boldt fueron confirmadas oficialmente por el gobierno porteño este viernes (ver documento adjunto), lo que podría derivar en una causa penal en la ciudad de Buenos Aires.

 

Fueron varias las observaciones realizadas por el abogado de Boldt y apuntan a cuestiones formales, pero también a la naturaleza de la relación entre las dos empresas. Son ocho las observaciones e incluyen, falta de experiencia en la realización de censos, problemas de solvencia financiera y pagos con cheques sin fondos.

 

Ninguno de estos motivos hizo que el Indec desistiera de contratar a Kollor-Modoc, pero el expediente deberá pasar el filtro de la Oficina Nacional de Contrataciones del Estado, que depende de Manzur.

 

Vínculos con la Ciudad de Buenos Aires

El Consejo de la Magistratura contrató en forma directa y sin licitación a Modoc para realizar la digitalización de los expedientes judiciales del organismo por 44 millones de pesos.

 

"Sobre servicio de digitalización urgente", puede leerse en la página del Consejo acerca de un contrato del 12 de octubre de este año. En la resolución que le entregó el millonario contrato a Mazer se explica que originalmente la firma Digitrack tenía a cargo la digitalización de los expedientes, pero que el servicio "fue consumido rápidamente por el volumen" de trabajo del organismo.

 

La contratación directa de la firma de Mazer en el Consejo de la Magistratura la hizo Genoveva Ferrero, la administradora del organismo, que en un cargo previo en la Policía Metropolitana también había contratado a Modoc.

 

El documento que adjudica el contrato lleva la firma de Genoveva Ferrero, una funcionaria tiene a su cargo la administración del Consejo, algo que provocó tensión con varios de sus nueve miembros. "Tiene más poder que los consejeros, es la reina del Consejo", le dijo a LPO una fuente del mundo judicial.

 

Ferrero llegó a ese cargo para ordenar las cuentas de un consejo que en los últimos años había sido noticia por lo discrecional de sus contrataciones y la creación de decenas de cargos políticos en medio de la crisis económica. En teoría venía a terminar con algunos negocios que ensombrecían el buen nombre del organismo.

 

Antes de llegar a la Magistratura porteña Ferrero pasó por la Policía Metropolitana como auditora. Los memoriosos recuerdan que desde ese lugar también habilitó un contrato con Modoc para digitalizar expedientes de la fuerza porteña.

 

 

Su arribo en el Consejo fue el fruto de un acuerdo entre Horacio Rodríguez Larreta y Daniel Angelici, el hombre fuerte del oficialismo en la justicia de la Ciudad. Desde su nuevo cargo trabó una excelente relación con Juan Sebastián de Stéfano.

 

De Stéfano fue una de las patas de Angelici en la Secretaría de Inteligencia y asumió como director de Asuntos Jurídicos. Con el cambio de gobierno, aterrizó como director de los Subterráneos de Buenos Aires, pero nunca dejó de manejar los hilos de la Magistratura, donde fue consejero en dos períodos. Es uno de los procesados por el espionaje ilegal a dirigentes políticos ocurrido durante la presidencia de Macri.

 

Con información de Lapoliticaonline.com

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