El 90% de las muertes por gatillo fácil en Río de Janeiro quedan impunes

Las operaciones policiales en el Estado de Río de Janeiro raramente pasan por el escrutinio de las autoridades, ya sea la Policía Civil o la Fiscalía, incluso cuando acaban en muertes. Al menos tres informes recientes señalan que más del 90% de las muertes ocasionadas por agentes durante redadas no se investigan o terminan archivándose.

Se trata de una rutina de impunidad que estimula toda suerte de abusos por parte de los policías. Y que ahora sobrevuela el caso Ágatha Félix, la niña de ocho años que murió tras recibir un disparo en septiembre, en el complejo de favelas de Alemão. Regresaba a casa en una furgoneta de transporte público, junto a su madre, cuando recibió un tiro de fusil en la espalda.

Al contrario de lo que afirma la Policía Militar, varios testigos niegan que hubiera un intercambio de tiros con criminales y aseguran que el tiro procedía del arma de un policía. La muerte de la niña -el quinto menor muerto en circunstancias similares en la ciudad este año— elevó la presión sobre la política de seguridad del gobernador Wilson Witzel. Entre 10 y 20 policías invadieron el hospital al que había sido trasladada la pequeña y trataron de llevarse el proyectil extraído de su cuerpo, según publicó la revista Veja. Los médicos no lo permitieron. Desde enero, otros 15 menores de 12 años fueron heridos por disparos policiales. Y 43 adolescentes entre 12 y 18 años murieron, según la plataforma Fogo Cruzado.

A finales de los sesenta, la dictadura militar (1964-1985) introdujo un instrumento jurídico que protege a los agentes que matan, partiendo del supuesto de que lo hacen en legítima defensa y evitando que sean detenidos in fraganti. Los expertos argumentan que estimula la impunidad. Un informe de una comisión de investigación de la Asamblea de Río, concluida el año pasado, afirma que el 98% de los casos entre 2010 y 2015 fueron archivados. El documento señala al Ministerio Público de Río como “un gran archivador de casos, colaborando a la impunidad de los policías criminales”. El poder judicial local se caracteriza, según el informe, por la connivencia con las malas prácticas policiales, sin asegurarles a quienes viven en las comunidades desfavorecidas el respeto a una serie de derechos y garantías constitucionales.

En Brasil, menos del 10% de todos los asesinatos son aclarados por la falta de investigadores e inversiones, según los expertos. Por tanto, las cifras de impunidad policial siguen la misma tendencia. Sin embargo, hay un elemento más: el poco empeño de las autoridades en aclarar las muertes causadas por los agentes. En su tesis doctoral en Ciencias Políticas, Orlando Zaccone, excomisario de la Policía Civil de Río, analizó cerca de 300 casos de letalidad policial archivados entre 2003 y 2009. “En todos se indicaba que el suceso se había producido en una favela, donde constantemente había tiroteos entre traficantes y policías. Es decir, el lugar de los hechos es uno de los elementos que legitimaba la muerte", explica.

En su estudio del lenguaje y del tipo de argumento usado en esos casos archivados, también encontró con frecuencia los antecedentes penales de los fallecidos —en su mayoría hombres jóvenes, negros y pobres—. “Poco se hablaba de la acción policial”, señala. Y recalca: “A menudo había una incompatibilidad entre la descripción de los hechos por parte de los agentes y el propio examen del cadáver”. En suma: el objeto de las investigaciones era la víctima, no el agente.

Aumento de la letalidad policial

En el informe Você matou meu filho: homicídios cometidos pela Polícia Militar no Rio de Janeiro (Has matado a mi hijo: homicidios cometidos por la Policía Militar en Río de Janeiro), de 2015, la ONG Amnistía Internacional verificó el estado de 220 investigaciones de homicidios en acciones policiales en 2011 en la ciudad de Río. Al cabo de cuatro años, 183 investigaciones seguían abiertas. A pesar de existir la denuncia ante la policía, no se había puesto en marcha ninguna actuación.

Las cifras oficiales de las muertes cometidas por agentes en el Estado de Río baten récords este año: de enero a agosto, los diferentes cuerpos policiales ya han asumido la muerte de 1.249 personas, un promedio de cinco por día. En la región metropolitana de Río, la policía es la responsable de casi la mitad de todas las muertes violentas.

Sin embargo, estos números solo se refieren a los casos en los que el policía asume haber matado a alguien. Los datos no consideran las ejecuciones cometidas por agentes que actúan en la sombra o por grupos milicianos, formados mayoritariamente por policías y bomberos en activo o en reserva.

Paloma Lamego, defensora del pueblo en Río de Janeiro, argumenta que "la expresión bala perdida”, muy empleada para describir las muertes durante los tiroteos, “hace que todo se trate como si fuera una fatalidad”. Da a entender que “no tenemos que averiguar la responsabilidad, que es imposible decir de dónde provino la bala, o que hubo alguna intención de matar…”, dice. Añade que, en Río, la policía tiene la costumbre de alterar la escena del crimen para dificultar la investigación. "¿Por qué no se confiscó inmediatamente el arma de los policías después de que Ágatha recibiera el disparo? Tiene que haber un compromiso de la Policía Civil con las investigaciones y de la Policía Militar, con los protocolos. No encaramos la letalidad policial con la seriedad que deberíamos”.

Tras la noticia de que policías militares invadieron el hospital, el gobernador Witzel tuiteó inmediatamente: “Todo se investigará con rigor. Los hechos, si se comprueban, son inadmisibles. Se castigará a los culpables”. El gobernador, que durante la campaña electoral prometió disparar "a la cabecita de los delincuentes", no moderó su discurso tras asumir el cargo en enero.

Con información de El País