La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia convocó a senadores y diputados para este martes a las 16:00 horas (20:00 GMT) a una sesión extraordinaria por orden de la senadora por Beni Jeanine Áñez Chávez, vicepresidenta del Senado y depositaria de los poderes presidenciales tras la renuncia del presidente boliviano, Evo Morales, que este lunes abandonó el país para trasladarse a México.
Crisis en Bolivia
La Asamblea Legislativa se reúne para aceptar la renuncia de Evo Morales
En el orden del día consta que el Parlamento abordará las renuncias de Evo Morales y del vicepresidente del país, Álvaro García Linera. En una próxima sesión del Congreso, este miércoles, Áñez Chávez, electa por el partido Unidad Demócrata, puede asumir la presidencia de forma transitoria por ser la segunda vicepresidenta del Senado, después de la dimisión de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, también perteneciente al partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Este mismo lunes la defensora del pueblo interina, Nadia Cruz, ha emplazado a los miembros de la Asamblea Legislativa a acelerar el proceso de sucesión constitucional para pacificar el país.
La Defensoría “exige de forma inmediata a los partidos políticos que conforman la Asamblea Legislativa Plurinacional (Movimiento al Socialismo, Unidad Demócrata y Partido Demócrata Cristiano) instalar una sesión para considerar la renuncia del presidente Evo Morales y dar paso a la sucesión constitucional” de acuerdo con el Artículo 169 de la Carta Magna.
“En caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidenta o del presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la vicepresidenta o vicepresidente y, a falta de esta o este por la presidenta o el presidente del senado, y a falta de esta o de este por la presidenta o el presidente de la cámara de diputados. En este último caso, se convocaran a nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días”, señala el texto constitucional.
“Es su responsabilidad histórica con el pueblo que los ha elegido determinar las vías institucionales que posibiliten la plena vigencia del Estado de Derecho”, ha remachado la Defensoría.
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