El Congreso de Perú suspendió este miércoles la sesión del pleno hasta este 8 de julio ante la imposibilidad de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por falta votos, y en contra de la orden judicial para que se anule ese proceso por aparentes vicios.
Política internacional
El Congreso peruano desacata el fallo y sigue con elección del Tribunal Constitucional
Un Juzgado Constitucional admitió una medida cautelar que pidió la nulidad de la selección de magistrados y ordenó al Parlamento que disponga la suspensión provisional de la elección.
Después de haber intentado, en votaciones consecutivas, elegir a los primeros tres candidatos como magistrados del TC y de haber solicitado varias pausas, el pleno aprobó por 61 votos a favor y 13 en contra para que se suspenda la sesión hasta este jueves.
El Parlamento estuvo dividido entre legisladores que opinaban que esta elección debe quedar a cargo del Congreso que asuma funciones el 27 de julio próximo, y los que sostienen que uno de sus compromisos de gestión era nombrar al nuevo TC en una cuarta legislatura extraordinaria. Sin embargo, los primeros tres candidatos puestos en consideración del pleno -Carlos Hakkanson, Aarón Oyarce y Fernando Calle- no alcanzaron el mínimo de 87 votos para ser elegidos en el TC, a pesar de que la votación se hizo más de una vez.
Entre los parlamentarios que se oponen a la elección están las bancadas del Partido Morado y del Frente Amplio, que estaban en contra de continuar con el proceso y desacatar la orden judicial de la magistrada constitucional Soledad Blácido para detener la elección.
Choque entre Legislativo y Judicial
El Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, que preside Blácido, admitió el 6 de julio una medida cautelar que pidió la nulidad de la selección de los magistrados y ordenó al Parlamento que disponga la suspensión provisional de la elección. En su resolución, Blácido otorgó un plazo de cinco días al Congreso para que conteste la demanda, en vista de que se presenta "una vulneración al derecho de tener una justicia justa y transparente en el sistema constitucional del país". Sin embargo, la mayoría opositora en el Congreso está empeñada en elegir a los seis magistrados del TC antes que concluya la ampliación de la cuarta legislatura extraordinaria el próximo 16 de julio.
La jueza sostuvo que el Legislativo ha retomado la selección y elección de magistrados en una cuarta legislatura extraordinaria -que no contempla su reglamento interno- y el procedimiento presentaría vicios por falta de transparencia y motivación al momento de calificar a los postulantes. A pesar de este fallo, la Junta de Portavoces del Congreso informó que seguía adelante con el proceso y agregó que la resolución tenía "una evidente motivación defectuosa que no respeta el principio de separación de poderes". En su lugar, el Legislativo anunció que denunciará por prevaricato a la jueza y que se presentará una queja al órgano de control interno del Poder Judicial, lo cual se materializó este miércoles mediante una visita de la Oficina de Control de la Magistratura en el despacho de Blácido.
Organismos nacionales e internacionales se pronuncian
En tanto, organismos de la sociedad civil como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exhortaron al Congreso a respetar la decisión de la Judicatura. La Coordinadora consideró, en un comunicado, que "la selección de los magistrados del TC debe realizarse en un proceso donde la meritocracia, la independencia y la ética de los magistrados sean evaluadas con rigurosidad".
Por su parte, el director ejecutivo de Human Rights Watch en las Américas, José Miguel Vivanco, expresó que le preocupa "enormemente la decisión del Congreso de Perú, que lo lleva a incurrir en un desacato de una decisión judicial. Si el Congreso no comparte los argumentos del Juzgado Constitucional, debería apelar la decisión. Esta decisión afrenta contra el Estado de derecho".
La decisión del Parlamento, dominado por una decena de bancadas populistas y cuyo mandato expira en tres semanas más, llevó también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a expresar su "preocupación" por la falta de transparencia en el proceso. "Un proceso inadecuado de selección y designación de operadores de justicia pone en peligro su independencia", advirtió en Twitter el ente autónomo de la Organización de Estados Americanos.
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