La decisión la tomó el fiscal Gabriel Jaimes Durán, quien el año pasado fue designado para llevar el caso de Uribe. "Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe", informó la Fiscalía en un comunicado.
"Grosero atropello"
La fiscalía colombiana pidió cerrar el caso contra el expresidente Álvaro Uribe
La Fiscalía de Colombia pidió cerrar caso contra Uribe Vélez por supuesto fraude procesal y soborno a testigos, al considerar que las conductas con las que se le vinculó "no tienen característica de delito".
La información añadió que las conclusiones "serán expuestas en diligencia pública ante el juez penal del circuito que disponga el sistema de reparto" y que "podrán ser controvertidas por el procesado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación, y de quienes reclaman su calidad de víctimas con sus apoderados".
Iván Cepeda: "Grosero atropello"
La solicitud para cerrar el proceso se radicó en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao de Bogotá y ahora se asignará a un juez de conocimiento que tendrá que citar a las partes a una audiencia.
El senador Iván Cepeda, que en el proceso es víctima, dijo que la decisión del fiscal Jaimes se venía venir y que fue previamente ambientada para hacer parecer que fue "algo legal". "Eso es un atropello grosero contra la justicia y contra un proceso en el cual hay un inmenso acervo probatorio no solo desde el punto de vista de la solidez de las pruebas que recaudó la Corte Suprema sino también de lo voluminoso que es el expediente, de 1.550 páginas, que elaboró la Sala de Instrucción para pedir la medida de aseguramiento (prisión) contra Uribe", dijo Cepeda tras conocer la decisión. Añadió que en los próximos días sus abogados apelarán la decisión ante la instancia pertinente ante el Tribunal Superior de Bogotá, que es el que "tiene la última palabra".
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