Josefina Meza llegó la noche del 30 de mayo de 2018 a la sala de urgencias del Hospital Metropolitano de Managua para conocer el estado de su hijo, Jonathan Morazán Meza, de 21 años y estudiante de Diseño Gráfico. El joven había sido herido en la represión de la llamada Marcha de las Madres, una manifestación en homenaje a las mujeres que perdieron a sus hijos en las protestas que desde abril exigían el fin del mandato del presidente Daniel Ortega. A Josefina los médicos le informaron de que Jonathan había fallecido a causa de un impacto de bala en la cabeza. El asesinato nunca fue investigado ni esclarecido, aunque la mujer apunta al régimen de Ortega: “A mí hijo lo asesinaron los paramilitares de Ortega. Fue un francotirador”. Dos años después de aquel hecho que dejó ocho manifestantes muertos, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), tras analizar miles de vídeos, fotografías y sonidos reunidos como datos por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), arroja nuevas pruebas que demuestran la responsabilidad del Estado en aquella matanza, uno de los capítulos más oscuros de la represión contra las manifestaciones en Nicaragua, que ha dejado 328 muertos y más de 88.000 exiliados.
Forenses argentinos ayudan a resolver crímenes de lesa humanidad en Nicaragua
El uso de herramientas digitales, análisis balísticos y de sonido aportan nuevas pruebas en la responsabilidad del Estado sobre el asesinato de manifestantes en el país centroamericano
El EAAF se valió del apoyo de SITU Research, un organismo con vasta experiencia en la construcción de plataformas digitales interactivas, para realizar una reconstrucción forense de tres asesinatos ocurridos aquel día. El resultado final es un vídeo de más de siete minutos que demuestra que en la represión participaron miembros de la policía, grupos irregulares armados por el Estado y que se utilizaron armas automáticas y semiautomáticas, de alto calibre, para atacar a los manifestantes. Brad Samuels, director de SITU Research, explica que con equipos digitales pudieron analizar el audio de miles de vídeos para establecer la posición desde la cual fueron hechos los disparos, que coincide con la ubicación de policías y parapolicías, y su impacto final, justo donde estaban los manifestantes. “Sintetizar y poner juntos eventos como estos, que son muy complicados y muy caóticos, es complejo. Nuestro rol fue intentar establecer una base para entender de forma más completa lo ocurrido”, explica Samuels. “Con el audio puedes escuchar muy claramente que los disparos son de armas industriales”.
El Gobierno nicaragüense justifica el uso de la fuerza afirmando en numerosas ocasiones que los manifestantes estaban armados y que con las protestas intentaban perpetuar un golpe de Estado. Los vídeos analizados por los expertos muestran que varios jóvenes manifestantes portaban armas artesanales denominadas morteros. El EAAF contrató a Rodolfo “Willy” Pregliasco, físico forense del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina, para determinar la letalidad de esos artefactos. Él armó morteros caseros y construyó una zona de tiro para tratar de establecer la distancia a la que estos llegaban y el daño que podrían producir. Para ello colocó placas de madera muy finas alrededor de la zona de impacto de los morteros. La conclusión es que la capacidad de daño es extremadamente menor: las placas estaban ligeramente afectadas.
“En algunas circunstancias pueden producir heridas más peligrosas, pero en líneas generales su capacidad de daño es mucho menor”, explica Mercedes Doretti, directora para Centro y Norte América del EAAF. Estos morteros tienen un rango máximo de alcance de 60 metros, mientras que el de armas automáticas o semiautomáticas es de 250 a 300 metros, que es lo que los expertos pudieron identificar con el análisis de los sonidos de los vídeos usados durante la investigación. “Hubo desproporcionalidad en el uso de la fuerza, un nivel de letalidad muy importante”, afirma Doretti.
Este trabajo forense es una nueva prueba judicial que puede ser utilizada para determinar la culpabilidad de las autoridades nicaragüenses en el asesinato de los manifestantes. “La reconstrucción es extremadamente elocuente y nos narra de una forma muy visual lo que ocurrió el 30 de mayo al finalizar la marcha. Y eso es un aporte fundamental, en primer lugar, para la verdad: queda claro quién disparó y quiénes fueron las víctimas”, afirma Claudia Paz y Paz, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) formado por la CIDH para investigar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. El GIEI, expulsado de Managua por Ortega en diciembre de 2018, concluyó que en el país centroamericano se cometieron crímenes de lesa humanidad.
Se trata de nuevas pruebas, agrega Paz y Paz, que pueden ser utilizadas en un juicio internacional convocado por cualquier Estado que reconozca el principio de jurisdicción universal. “En este momento prácticamente todos los Estados de América Latina reconocen este principio, por eso hemos hecho el llamado a que de oficio investiguen estos casos y lleven a la justicia a quienes resulten responsables y sugerimos que esa responsabilidad llega hasta el más alto nivel”, explica la experta. Aunque el crimen del hijo de Josefina Meza sigue impune, estas nuevas pruebas forenses alientan su esperanza de hallar justicia: “La muerte de nuestros hijos no va a ser en vano”.
