El cabo primero Nahuel Agustín Gallo ya lleva un año detenido en Venezuela, sin que su causa haya avanzado hacia una resolución definitiva.

El cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina permanece detenido desde el 8 de diciembre de 2024 en Caracas, acusado por supuesto “espionaje” y “terrorismo”. Su esposa pide su liberación urgente para que no pase otra Navidad lejos de su familia.

El cabo primero Nahuel Agustín Gallo ya lleva un año detenido en Venezuela, sin que su causa haya avanzado hacia una resolución definitiva.
Su detención —ocurrida cuando intentaba ingresar al país para reunirse con su pareja venezolana y su hijo— generó un fuerte reclamo diplomático por parte del Estado argentino. Su familia reclama su libertad antes de las fiestas.

Gallo fue arrestado el 8 de diciembre de 2024, tras cruzar desde Colombia al territorio venezolano por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander.
El ingreso fue calificado como irregular por las autoridades de Venezuela, que imputaron al gendarme presunta participación en actividades terroristas y espionaje, y lo señalaron como parte de un supuesto plan de “desestabilización” contra el régimen.
Desde entonces, permanece bajo custodia en Caracas, en cárceles del régimen, sin que su familia haya podido visitarlo ni obtener información cierta sobre su estado físico o judicial. En julio pasado, un ex detenido aseguró que Gallo conservaba “esperanzas” de salir libre, aunque reconoció que su situación seguía siendo incierta.
Para su esposa, María Alexandra Gómez, la espera se transforma en sufrimiento. “No quiero que mi hijo pase otra Navidad sin su papá”, dijo públicamente, al cumplirse el primer año de detención.

La detención de Gallo derivó rápidamente en un conflicto diplomático entre ambos gobiernos. La Cancillería argentina reclamó explicaciones, calificó la detención como arbitraria y denunció la causa ante organismos internacionales.
Por su parte, las autoridades venezolanas, a través de su Ministerio Público, sostienen que Gallo ingresó al país con “intenciones delictivas”, integrando una red que pretendía ejecutar “acciones terroristas”. A la fecha, sin embargo —y a un año de su arresto— no hay señales claras de juicio, defensa o garantía de acceso consular.
El lento avance del proceso, la falta de información transparente y la negativa a permitir contacto con su familia —especialmente con su hijo — alimentan en el entorno de Gallo el temor de que se esté ante una detención arbitraria prolongada.

Con la proximidad de las fiestas, la familia intensifica su pedido de liberación. Gómez señaló que lo más doloroso es imaginar a su hijo sin su padre, y aseguró que “no soportan un minuto más” de incertidumbre.
Organismos de derechos humanos y organizaciones internacionales también muestran preocupación por la posibilidad de que el caso derive en una “desaparición forzada de facto”, debido a la falta de acceso efectivo a la detención y la ausencia de un debido proceso.