La invitación del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, realizada el viernes pasado, se dirigió al bloque sindical del MUS, que está integrado por otros cinco espacios (feministas, ambientalistas, educativo, poblacional y académico), en una nota donde subraya la necesidad de que la reunión sea "a la brevedad posible, para comenzar un diálogo y en este camino, que es una tarea de todos".
Sin detener la represión
El gobierno chileno llama al diálogo a organizaciones sociales opositoras
"Esperamos que la reunión sea esta semana. Nosotros lo propusimos para después de las movilizaciones. A partir de mañana, estamos disponibles", expresó el presidente del Colegio de Profesores Mario Aguilar, que declinó precisar el nombre de los asistentes: "Está cerrado quién va a ir a la reunión, pero no lo vamos a decir antes", se limitó a decir, según el portal El Desconcierto.
Luis Mesina, vocero de la agrupación No+AFP (colectivo contra el sistema jubilatorio de capitalización individual) , que también integra la MUS, señaló que el grupo presentará en la reunión un documento "no negociable" que fue "producto del debate que hicieron los sindicatos a lo largo del país".
El documento, titulado "Pliego de los y las trabajadoras de Chile", expone 10 puntos en torno a los cuales el grupo quiere abrir la discusión: un salario mínimo nacional de $ 500 mil pesos (650 dólares), efectivo derecho a huelga, jubilaciones mínimas equivalentes al salario mínimo, canasta de servicios básicos protegidos, una modificación tarifaria al sistema de transportes, entre otros.
Entre los puntos más relevantes, señala el dirigente, figura "una nueva Constitución elaborada a partir de una Asamblea Constituyente".
Este punto, acordado por un grupo de legisladores el pasado 15 de noviembre, aún aguarda definiciones sobre la "letra chica" (paridad de género en la Asamblea Constituyente, cupos a pueblos originarios y quórum de aprobación), además de concitar el rechazo de un porcentaje significativo de los manifestantes que lo consideran un acuerdo "cupular".
En la MUS hay un acuerdo transversal para exigir el fin de las violaciones de derechos humanos, un flanco que golpea al gobierno del presidente Sebastián Piñera tras los lapidarios informes entregados en los últimos días por Amnistía Internacional (AI) y Human Right Watch.
Ayer, la jefa suplente del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, Karina Soza, reconoció que en la labor de la institución de entregar seguridad ciudadana, "se pueden haber cometido errores".
El impacto del informe en el gobierno se manifiesta en la admisión de Soza sobre la necesidad de hacer "profundas reformas" al accionar policial para proteger los derechos fundamentales de las personas, en línea con el ministro del Interior Blumel que reconoció que era necesaria "una reforma estructural a las policías".
El pasado domingo, Piñera, anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para utilizar a militares en la protección de infraestructura pública sin necesidad de decretar estado de emergencia, en medio de la crisis social iniciada el pasado 18 de octubre.
La iniciativa incluye la exención penal para los integrantes de las fuerzas de seguridad.
Con información de Télam
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