Uno de los arrestados ha confesado que es la fuente que entregó al periodista Glenn Greenwald, fundador de The Intercept, de manera anónima y gratis los archivos que el medio digital lleva más de un mes publicando en colaboración con varios medios brasileños. Estas revelaciones, conocidas como VazaJato, son desde hace semanas un asunto central del debate político, porque los mensajes privados que Moro intercambió con los fiscales del caso Lava Jato arrojan dudas sobre la imparcialidad del juez que condenó al expresidente Lula da Silva.
Ya se habla de "Vaza Jato"
Hackearon celulares a Bolsonaro, jueces de la Corte y el fiscal general de Brasil
La policía federal sospecha que los móviles de toda la cúpula del poder de Brasil fueron pirateados. El espionaje incluyó a los líderes de los tres poderes, al presidente Jair Bolsonaro, los presidentes de las dos Cámaras, al del Tribunal Supremo, a la fiscal general del Estado… y de ahí para abajo hasta un millar de altos cargos o periodistas más. Los acusados son cuatro personas, tres hombres y una mujer, detenidos esta semana en la investigación sobre el origen de los mensajes que el entonces juez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, intercambió con los fiscales del caso de corrupción Lava Jato.
El goteo de informaciones, que apuntan a irregularidades diversas, está minando la reputación del ministro más valorado del Gobierno de Bolsonaro y del equipo de investigadores del megacaso de corrupción.
Muchos de los afectados por el pirateo ya sospechaban que sus teléfonos móviles habían sido asaltados, porque tuvieron incidentes extraños como recibir llamadas de sus propios números.
Bolsonaro aseguró que no está preocupado por una hipotética publicación de sus conversaciones o mensajes, en caso de que hubieran sido grabados. “No estoy ni un poco preocupado si se filtra algo de mi teléfono. No van a encontrar nada que me comprometa. Conmigo pierden el tiempo”, declaró el jueves. No sería el primer jefe del Estado brasileño espiado. El escándalo de la NSA reveló que EE UU espió el móvil de la presidenta Dilma Rousseff.
Los investigadores acusan al grupo, algunos de cuyos miembros tienen antecedentes, de piratear conversaciones de todo un elenco de autoridades en la red social Telegram, y cuentas bancarias con fines de extorsión. Los cuatro arrestados son de la misma ciudad de Araraquara, en São Paulo, aunque ahora vivían en ciudades distintas. Algunos de los espiados han contado que recibieron mensajes que fingían ser de un alto cargo conocido que aseguraba tener problemas de dinero y les pedía una ayuda. Algunos picaron. Desde que comenzaron las revelaciones, el ministro Moro ha basado su defensa en poner en duda la autenticidad de los mensajes y que no hayan sido manipulados, ha acusado a una organización criminal y ha atacado a The Intercept Brasil, el medio que los obtuvo de una fuente anónima.
Folha de S. Paulo, el principal diario de Brasil y que ha elaborado varios artículos con el material de The Intercept, explicó ayer a sus lectores que incluso “si las informaciones son fruto de un acto ilícito puede publicarlas si el material es de interés público”.
Greenwald, que hasta ahora había extremado la discreción sobre quién y cómo le dieron los archivos, contó ayer algunos detalles. No confirmó ni desmintió que el detenido que ha confesado sea la fuente, porque, según declaró al semanario Veja, no comenta nada de sus fuentes. Nunca se vieron, todo el contacto fue virtual. Y cuando el periodista le preguntó a la fuente por la noticia reciente de que el móvil del ministro había sido hackeado, esta respondió con evasivas y le dijo: “Accedimos a Telegram [donde estaba el chat privado de Moro y los fiscales] con la finalidad de sacar las conversaciones y hacer justicia, para darle al pueblo la verdad”.
El ministro causó un notable revuelo al afirmar que el botín de los hackers —las conversaciones robadas— serían destruidas. Los especialistas en Derecho le recordaron que corresponde al juez del caso decidirlo.
Con información de El País
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