La justicia de Honduras declaró hoy al ejecutivo de una hidroeléctrica Roberto Castillo culpable del asesinato en 2016 de la dirigente ambientalista e indigenista Berta Cáceres, y anunció que definirá el mes próximo la sentencia que le corresponderá, entre 20 y 25 años de prisión.
Recibirá una pena de entre 20 y 25 años de prisión
Honduras: declararon culpable a otro responsable del asesinato de Berta Cáceres
El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa determinó que Roberto Castillo “ha tenido participación en la causa como coautor del delito de asesinato” en perjuicio de Cáceres, dijo una de sus jueces al leer la resolución en audiencia oral y pública.
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Castillo, gerente general de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y exmilitar egresado de la escuela estadounidense de West Point, se convirtió de ese modo en la octava persona a la que la justicia responsabilizó por el crimen de Cáceres. El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, que lo juzgó, determinó que Castillo “ha tenido participación en la presente causa como coautor del delito de asesinato” en perjuicio de Cáceres, dijo una de sus jueces al leer la resolución en audiencia oral y pública, según la agencia de noticias AFP.
El Código Penal establece una pena de 20 a 25 años de prisión para este tipo de delitos, según un comunicado de la Corte Suprema de Justicia. El proceso a Castillo duró 48 días, luego de haber sido suspendido en varias ocasiones desde comienzos de este año.
Cáceres, quien era coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada en su casa por sicarios el 2 de marzo de 2016. La mataron porque se oponía a la construcción de una planta hidroeléctrica en el río Gualcarque por parte de DESA, sostuvo la sentencia conocida hoy.
Durante el proceso se reveló el contenido de comunicaciones telefónicas entre Castillo y otras siete personas que ya fueron sentenciadas en diciembre de 2019 a entre 30 y 50 años de prisión por el crimen de Cáceres. Castillo había sido detenido en marzo de 2018 en el aeropuerto de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, cuando al parecer pretendía salir del país.
Según la fiscalía, fue uno de los ejecutivos de DESA que contrataron y pagaron a los sicarios que asesinaron a la activista.
Una de las hijas de la víctima, Laura Zúñiga, opinó que la decisión del tribunal representa “un granito de arena en la justicia por el asesinato” de su madre. “Hoy nos sentimos alegres, el pueblo hondureño está harto de tanta impunidad y muerte, pero falta el siguiente escalón”, advirtió Zúñiga, pues familiares de Cáceres y dirigentes del Copinh reclaman que los socios de DESA también sean procesados por el caso.
Con información de Télam
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