Irán ejecutó públicamente a un segundo condenado por su participación en las protestas contra el régimen que sacuden el país desde septiembre pasado.
Pena de muerte
Irán ejecutó a un segundo manifestante por protestar contra el régimen
Esta nueva ejecución es la primera en público en el contexto de las protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años fallecida tras ser detenida por infringir el estricto código de vestimenta que deben respetar las mujeres del país.
La nueva víctima es Majidreza Rahnavard, quien fue condenado a muerte por un tribunal de la ciudad de Mashhad (noreste) por matar a dos miembros de las fuerzas de seguridad. Fue ahorcado en público y no dentro de la prisión.
Se trata de la segunda ejecución relacionada con las protestas, tras el ahorcamiento el jueves último de Mohsen Shekari, un joven de 23 años condenado por atacar y herir a un paramilitar.
Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la organización Iran Human Rights (IHR), declaró que "la ejecución pública de un joven manifestante, 23 días después de su detención, es otro grave crimen cometido por los gobernantes de la República Islámica y una escalada significativa en el nivel de violencia contra los manifestantes".
Esta nueva ejecución es la primera en público en el contexto de las protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini, a pesar de la indignación internacional por aplicar la pena de muerte a los implicados en las manifestaciones.
La joven kurda iraní de 22 años falleció tras ser detenida por la policía de la moral por infringir el estricto código de vestimenta que deben respetar las mujeres del país.
El poder judicial iraní dijo haber dictado hasta ahora once condenas a muerte en relación con las protestas, calificadas por las autoridades de "disturbios", pero los activistas afirman que otra docena de personas se enfrentan a cargos que conllevan la pena capital.
Entre otros condenados a la misma pena se encuentra el rapero Saman Seyedi, de 24 años, de la minoría kurda de Irán. Otro rapero, Toomaj Salehi, que apoyó las protestas contra el régimen, está acusado de "corrupción en la tierra" y podría ser condenado a muerte, confirmaron el mes pasado las autoridades judiciales iraníes.
La semana pasada, Estados Unidos, varios países de la Unión Europea y el Reino Unido condenaron la ejecución de Shekari, y la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, denunció un "desprecio sin límites por la vida humana".
Sin embargo, activistas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil piden una reacción más contundente, incluida la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán y la expulsión de embajadores en capitales europeas.
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