El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción desde abril de 2018 en una celda policial en la ciudad de Curitiba, será trasladado a una cárcel común, donde hay homicidas famosos, en el interior del estado de Sao Paulo, según determinó este miércoles la justicia de ejecución penal.
A pedido de la policía
Lula será llevado a una cárcel común y convivirá con homicidas
La decisión se enmarca en medio del escándalo por las filtraciones de las conversaciones por chat que revelaron una articulación clandestina entre los fiscales de la Operación Lava jato y el ex juez Sérgio Moro, actual ministro de Justicia, de quien depende la Policía Federal.
Lula será enviado a la cárcel de Tremembé, en el interior del estado de San Pablo, un presidio común con homicidas famosos en la crónica policial brasileña, lo que levantó el alerta sobre su seguridad y reclamos de sus aliados sobre la legalidad de su detención.
La decisión de la jueza de ejecución penal Carolina Lebbos, que no establece fecha de traslado, fue tomada con la oposición de la fiscalía y la defensa a pedido de la Policía Federal, fuerza a cargo del ex juez Moro. Está preso desde el 7 de abril de 2018 por corrupción en la sede de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, estado de Paraná.
Lula, que al momento de la detención lideraba todas las encuestas con vistas a los comicios presidenciales que finalmente ganó Jair Bolsonaro, tiene su residencia en San Pablo, en el municipio de Sao Bernardo do Campo.
Por haber sido jefe del Estado, puede reclamar estar en un cuartel militar o en un lugar específico de la Policía Federal, algo que está incluido en el fallo emitido por la magistrada pero que ella no ha tenido en cuenta.
Desde el 7 de abril de 2018 se encuentra una vigilia con manifestantes en la puerta de la Policía Federal de Curitiba. Lula cumple una pena de 8 años y 10 meses de prisión en el marco del caso Lava Jato, acusado de haber recibido un departamento de la constructora OAS en el balneario de Guarujá a cambio de favorecerla.
Sin embargo, filtraciones de conversaciones vedadas por ley entre Moro y el fiscal Deltan Dallagnol reveladas por el sitio The Intercept y el diario Folha de Sao Paulo habilitan la acusación de la existencia de maniobras para condenar a Lula, en la que admiten la falta de certezas de la acusación.
El ex mandatario sostiene que es un preso político y su defensa había pedido su liberación a la Corte Suprema, que aún debe juzgar un recurso para permitirle una prisión domiciliaria.
La defensa del líder opositor pidió esperar a que el Supremo Tribunal Federal termine de juzgar un habeas corpus que pide anular la sentencia por imparcialidad de Moro cuando era el juez de la megaoperación.
El abogado Cristiano Zanin Martins dijo en un comunicado que la jueza Lebbos negó que Lula, en cuanto ex presidente, pueda cumplir pena en un predio militar o policial.
La orden de la jueza de Curitiba, por un pedido de la Policía Federal, determina que Lula puede ser enviado a un presidio común, a una celda colectiva que sea determinada por un juez de Sao Paulo.
El habeas corpus para suspender la decisión apunta a la supuesta falta de imparcialidad de Moro cuando era juez y a la anulación de la condena confirmada en tres instancias.
El Partido de los Trabajadores acusó a la jueza Lebbos de actuar ilegalmente al negarle a Lula una sede diferenciada por haber sido el jefe de las Fuerzas Armadas durante su presidencia, tal como lo establece el código penal.
"Lula ni debería estar preso porque es inocente y fue condenado por una farsa, ya que en la sentencia el propio Moro dijo que no hubo desvíos de Petrobras en el caso", dice el comunicado del PT.
Dos horas después del fallo de Lebos, el juez paulista Paulo Sorci falló que Lula debe ir al presidio de la ciudad de Tremembé, en el interior del estado de Sao Paulo, conocido por albergar allí a presos de homicidio de casos famosos. Le preparó una celda con baño y con un régimen para tener contacto con los presos comunes en el patio y en los comedores.
Con información de Télam
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