Estados Unidos ha prohibido la entrada al país al expresidente de Panamá Juan Carlos Varela y a su familia por su vinculación en "importantes" actos de corrupción, anunció este jueves (13.07.2023) el secretario de Estado, Antony Blinken.
Tampoco su familia
Acusado por corrupción: el expresidente de Panamá Juan Carlos Varela no podrá ingresar a Estados Unidos
Varela, presidente entre 2014 y 2019, está acusado por la Justicia panameña por lavado de activos en el caso Odebrecht, en el que también está implicado el exgobernante panameño Ricardo Martinelli.
Varela, presidente entre 2014 y 2019, está acusado por la Justicia panameña por lavado de activos en el caso Odebrecht, en el que también está implicado el exgobernante panameño Ricardo Martinelli (2009-2014).
La decisión, aseguró Blinken en un comunicado, "reafirma el compromiso de EE. UU. con combatir la corrupción endémica en Panamá". El funcionario dijo esperar "que la acción de hoy impulse a los funcionarios y autoridades de Panamá a abordar la corrupción arraigada y empoderar a todos aquellos que defienden el Estado de derecho".
El próximo agosto comenzará en Panamá el juicio contra Varela y Martinelli, junto a otras 34 personas, acusadas de blanqueo de capitales en la trama de corrupción de la constructora brasileña en el país.
En enero de 2023, EE. UU. también prohibió la entrada a Marinelli y sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique, quienes además enfrentan cargos por el caso Odebrecht.
De acuerdo con la Fiscalía de Panamá, la empresa constructora -que fue durante años la principal contratista del Estado- pagó sobornos a "diestra y siniestra" a funcionarios y políticos en el país centroamericano.
La investigación por este caso en Panamá se abrió en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 – luego de que la empresa confesó en Estados Unidos que había pagado millones en sobornos en una docena de países - y culminó en octubre de 2018.
En julio de 2017, Odebrecht firmó con la Fiscalía panameña un acuerdo para pagar en 12 años una multa de 220 millones de dólares (unos 195 millones de euros) al Estado, el cual no se está cumpliendo.
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