Los principales implicados en el "Vacunagate", la inoculación en secreto de la vacuna contra la covid-19 que recibieron funcionarios peruanos, como el expresidente Martín Vizcarra, sus familiares e "invitados", pueden ser condenados hasta a ocho años de prisión por delitos de corrupción en Perú.
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Perú: los implicados en el "Vacunagate" pueden recibir hasta 8 años de cárcel
"Sin duda alguna, estamos ante hechos delictivos", afirmó este miércoles a EFE el abogado penalista Carlos Rivera, antes de mencionar acciones tales como negociación incompatible, concusión, cohecho y complicidad en corrupción de funcionarios, por los que la Fiscalía peruana ya ha abierto una investigación preliminar.
Los personajes más comprometidos en este caso, agregó el jurista, son las exministras de Exteriores Elizabeth Astete y de Salud Pilar Mazzetti, así como el expresidente Vizcarra, además del médico Germán Málaga, director de los ensayos clínicos de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm que se hicieron en el país.
El "Vacunagate" estalló a fines de la semana pasada con la revelación de que Vizcarra había recibido en secreto la vacuna de Sinopharm, y esta semana se publicó una lista de 487 personas que también recibieron las dosis.
"Este caso tiene que llegar a los tribunales porque el hecho ilegal es absolutamente evidente", remarcó Rivera antes de recordar que los implicados admitieron su participación, aunque aseguran que cometieron "un error", y "la evidencia de los hechos es demoledora".
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Negociación incompatible
En el caso de Astete, Rivera dijo que no solo ha sido funcionaria, sino que tuvo a su cargo las negociaciones para la compra de vacunas, por lo que podría ser acusada de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, que se sanciona hasta con ocho años de cárcel en el país.
El jurista remarcó que además de ocultar su vacunación, la exministra incumplió el código de ética de la gestión pública y vulneró la norma que estableció que el personal sanitario que lucha contra la pandemia debe ser vacunado en primer lugar.
Este mismo delito puede alcanzar a otros funcionarios de Exteriores que participaron en la negociación de las vacunas, así como a funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa) si es que intervinieron o tuvieron poder de decisión en la adquisición.
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Otro grupo puede ser acusado del delito de concusión, que califica el acto del funcionario público que solicita un beneficio, que puede ser o no patrimonial, y que también se sanciona con hasta ocho años de cárcel.
Además, también se puede incluir a los familiares, amigos e "invitados" que se beneficiaron de manera indebida con la vacunación y han admitido que recibieron las dosis.
Entre los implicados en este delito puede estar la exministra Mazzetti, aunque si se confirma que ella fue parte del equipo negociador sería incluida en el primer grupo "de personas en situación más agravada", acotó Rivera.
El reconocido defensor de los derechos humanos en su país, consideró aunque en el "Vacunagate" no se habla "ni de coimas, ni de dádivas, ni de cientos de miles de dólares entregados a las autoridades" sí hay "un problema probablemente tan grave como ese, que es el beneficio indebido de las autoridades y de los amigos y de los familiares de las autoridades".
"Creo que el Perú ha tenido que despertar de una noche muy negra en la que nos damos cuenta de que casi hemos desperdiciado dos décadas completas de lucha contra la corrupción, porque esto me da la impresión de que nos hace retornar a un punto que nos dice que no hemos aprendido nada", lamentó.
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