El presidente del Congreso de Perú, José Williams, afirmó que entre marzo y julio “se puede volver a tratar el tema” del adelantamiento de las elecciones generales, tan reclamado por la opinión pública y rechazado por el parlamento.
Se espera aprobar la propuesta
El presidente del Congreso de Perú aún no descarta el adelanto de las elecciones
Los comicios están previstos para 2026 y su anticipo es reclamado por quienes protestan en las calles desde el 7 de diciembre pasado. Sin embargo, depende de un complejo proceso legal.
El Congreso de Perú. Créditos: Sebastián Castaneda/ Reuters. 20:44
El proceso electoral está previsto para 2026 y su anticipo es reclamado por gran parte de la opinión pública y por los manifestantes que protestan en las calles desde el 7 de diciembre pasado, pero depende de un complejo proceso legal.
La Constitución establece que la modificación de la fecha de elecciones implica una reforma constitucional y solo puede ser aprobada por dos tercios del Congreso en dos períodos legislativos consecutivos o una sola vez con mayoría simple, pero en este caso debe ser ratificado por un referendo.
Al haber finalizado el viernes pasado la legislatura 2022-23 sin aprobar el adelanto de los comicios, la única posibilidad de que se efectúen este año quedó limitada a la aprobación por mayoría simple y la realización de un referendo.
Desde el comienzo del año, el parlamento debatió más de media docena de iniciativas destinadas a adelantar las elecciones, algunas a 2023 y otras a 2024, y en algunos casos con el agregado de un llamado a referendo sobre la necesidad de reformar la Constitución, pero ninguna obtuvo el número necesario de votos para ser aprobada.
El congresista sostuvo que los congresistas deben llegar a un consenso antes de volver a presentar una propuesta de adelanto de comicios que pueda prosperar.
Perú vive una ola de protestas antigubernamentales desde el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo después de que este anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.
Los manifestantes reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que sucedió a Castillo por ser hasta entonces su vice, y el adelantamiento de las elecciones generales.
Durante las protestas murieron 49 personas en enfrentamientos y otras 11 como consecuencia de los cortes de rutas, y al menos 1.298 personas resultaron heridas.
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