El Congreso de Perú aprobó este lunes someter nuevamente a un juicio de destitución por supuesta “incapacidad moral” al presidente Martín Vizcarra.
Por segunda vez
El presidente Martín Vizcarra será sometido nuevamente a juicio político en Perú
“Ha sido admitida la moción de vacancia de la presidencia de la república”, dijo el primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdez. El juicio fue aprobado por 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones. Doce congresistas de los 130 estaban ausentes o con licencia.
Esta nueva moción de vacancia fue presentada el 20 de octubre por el partido Unión por el Perú (UPP), acusándolo de permanente incapacidad moral. La acusación se basa en las declaraciones de varios empresarios ante una fiscalía, quienes aseguraron que pagaron sobornos a Vizcarra a cambio de contratos de obras públicas cuando el presidente era gobernador de la región de Moquegua, en 2014.
El presidente Vizcarra (que está completando el mandato de Pedro Pablo Kuczynski, preso por la causa Lava Jato en 2018) ya superó el 18 septiembre una moción de destitución en el Congreso. En ese entonces fue acusado de instar a mentir a dos asesoras en una investigación sobre contratos a un cantante. El Congreso finalmente no reunió los votos suficientes para sacarlo del poder.
“No hay una prueba de las imputaciones. Un proceso de vacancia desestabiliza al país. Estoy seguro de que el Congreso no va a caer en el juego de un grupo político que busca el caos”, dijo Vizcarra en referencia a la nueva acusación, en diálogo con la prensa.
“Es un poco anecdótico porque se están acostumbrando a hacer una vacancia por mes. No el parlamento en su conjunto, sino un grupo político”, añadió luego.
Para que la moción fuera admitida a debate se necesitaban 52 votos a favor de los 130 del pleno del Congreso. Ahora, el Congreso necesita dos tercios de los votos, es decir, 87 congresistas a favor de la moción para retirar al presidente de su cargo.
Actualmente todos los ex presidentes vivos de Perú se encuentran presos o procesados por corrupción, lo que coloca a este delito como uno de los principales problemas del país latinoamericano.
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