La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este martes las primeras ejecuciones federales en 17 años, anulando una decisión anterior de otro tribunal que las aplazaba.
Pena de muerte
Quiénes son los primeros cuatro convictos que serán ejecutados en una cárcel federal de Estados Unidos
“Revocamos la orden preliminar de la Corte de Distrito y las ejecuciones podrán tener lugar como estaban previstas”, indicó la Corte Suprema, en alusión a las ejecuciones de cuatro condenados a muerte que estaban planificadas.
La jueza de distrito Tanya Chutkan había ordenado suspender la sentencia horas antes para permitir impugnaciones a los protocolos para la inyección letal que se aplicará a cuatro condenados a muerte por delitos federales. El departamento de Justicia apeló inmediatamente la sentencia de Chutkan y la Corte Suprema le dio la razón.
Los condenados son Daniel Lewis Lee, Wesley Ira Purkey, Keith Dwayne Nelson y Dustin Lee Honken. Las ejecuciones de los primeros tres estaban programadas para esta semana. La de Lee estaba prevista para este lunes en Indiana, pero se pospuso tras la decisión de la jueza. Purkey estaba en espera en un reclamo legal por separado. Está previsto que Nelson sea ejecutado en agosto.
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Los crímenes
Daniel Lewis Lee, miembro de un grupo de supremacistas blancos, fue condenado en Arkansas en 1999 por asesinar a William Mueller, un traficante de armas, su esposa, Nancy, y su hija de ocho años, Sarah Powell. Después de robar y disparar a las víctimas con una pistola eléctrica, Lee cubrió sus cabezas con bolsas de plástico, selló las bolsas con cinta adhesiva y arrojó a la familia en un pantano de Illinois. El 4 de mayo de 1999, un jurado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Arkansas halló a Lee culpable de numerosos delitos, incluidos tres cargos de asesinato en ayuda al crimen organizado, y fue sentenciado a muerte. La ejecución de Lee estaba programada para este lunes en la prisión de Terre Haute, en el estado de Indiana (centro), pero fue aplazada tras la orden del tribunal anterior a la decisión de la Corte Suprema.
Lee, originario de Yukon (Oklahoma), sería el primer preso federal ejecutado en Estados Unidos desde 2003. Earlene Peterson, cuya hija y nieta fueron asesinadas por Lee, pidió clemencia al presidente Donald Trump pero el mandatario ha ignorado su petición.
Wesley Ira Purkey violó y asesinó a una niña de 16 años, luego la desmembró, quemó y arrojó su cuerpo en un tanque séptico. También fue condenado en la corte estatal por usar un martillo para matar a golpes a una mujer de 80 años que sufría de polio y caminaba con un bastón. Fue sentenciado a muerte el 5 de noviembre de 2003 por un jurado en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Missouri.
Dustin Lee Honken asesinó a tiros a cinco personas: dos hombres que planeaban testificar en su contra, y una madre soltera y trabajadora y sus hijas de diez y seis años. Fue sentenciado a muerte el 14 de octubre de 2004 por un jurado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Iowa.
Keith Dwayne Nelson secuestró a una niña de 10 años que estaba patinando frente a su casa, la violó y la estranguló hasta la muerte con un alambre en un bosque detrás de una iglesia. El 25 de octubre de 2001, Nelson se declaró culpable en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Oeste de Missouri y fue sentenciado a muerte. La ejecución de Nelson está programada para el 28 de agosto de 2020.
Las ejecuciones federales han sido extremadamente raras en las últimas décadas. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, solo tres han tenido lugar desde que la pena de muerte federal fue restablecida en 1988. Todas esas ejecuciones se llevaron a cabo durante la administración de George W. Bush. Uno de ellos fue Timothy McVeigh, sentenciado a muerte por el ataque terrorista explosivo causó la muerte de 168 personas en Oklahoma City.
Los familiares pidieron postergar la ejecución para poder asistir
En el caso de los últimos cuatro condenados, además, los familiares de las víctimas pidieron postergar la ejecución debido a la pandemia de coronavirus, hasta que puedan viajar con seguridad para presenciar el procedimiento. Alegaron que debían afrontar una “elección imposible” entre su derecho a asistir a la ejecución y el respeto por su salud.
Robert Dunham, director del Centro de Información sobre la pena de muerte (DPIC), denunció una “instrumentalización política de la pena capital” y consideró “irresponsable querer llevar a cabo tantas ejecuciones en tan poco tiempo” en este contexto de crisis de salud, ya que esta es una ejecución que involucra a muchas personas: “Personal penitenciario, abogados, familiares de víctimas o acusados, periodistas, un capellán ...”, enumeró.
En Estados Unidos, la mayoría de los delitos se juzgan a nivel estatal, pero la justicia federal puede ocuparse de los crímenes más graves (ataques terroristas, crímenes racistas) o cometidos en bases militares.
El apoyo a la pena de muerte se ha erosionado entre los estadounidenses, según las encuestas, pero sigue siendo fuerte entre los votantes republicanos, 77% de los cuales están a favor de ese castigo para los asesinos.
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