Uno de cada tres uruguayos tienen armas, lo que los ubica por encima de los irakíes y los colombianos, y el Estado, perplejo por las cifras, les ofrecerá cambiarlas mano a mano por computadoras y bicicletas.
De esta manera, el Ministerio del Interior buscará mediante recompensas a los voluntarios, que la población se desarme más rápidamente, implementando premios -computadoras o bicicletas- a quienes entreguen sus armas carentes de documentación habilitante, según reportó el diario La República.
Bajo la denominación ‘Armas por la vida‘, la Secretaría de Estado planifica el canje que intenta atacar uno de los problemas estructurales de la racha de heridos y muertes, ya que se considera que las armas que muchos ciudadanos obtuvieron para defenderse han sido robadas o ‘ganadas‘ por los delincuentes, y la tendencia no decae en absoluto.
El ministerio pretende que la población asuma conciencia de la legalización de todo el armamento existente a nivel civil, así como que evalúe los riesgos que implica tener un arma en casa, lo que según los técnicos suele ser más un problema que una solución en caso de actos delictivos contra la propiedad.
El Ministerio del Interior espera también contar con la participación del ministerio de Turismo para llevar adelante la campaña de difusión, según publica el diario El Observador.
Si bien no existe una metodología adecuada para evaluar la cantidad de armas que hay en manos de civiles de forma irregular, las organizaciones sociales que se dedican al tema estiman que hay unas 33 armas cada 100 habitantes.
Así, Uruguay quedaría entre los 10 países más armados del mundo, por encima de Irak y Colombia, según algunos índices mundiales.
Pese a estar lejos de Estados Unidos, con 90 armas cada 100 habitantes, la idiosincracia uruguaya no parece estar ni remotamente cerca del pensamiento sobre el tema que tienen los norteamericanos.
El año pasado el número de armas que los uruguayos entregaron voluntariamente al Servicio de Material y Armamento, del Ejército, fueron 160 y en ese 2012 también el mismo servicio registró 3.400 armas nuevas que adquirieron civiles que no eran funcionarios policiales, concluye el informe.
Télam




