Suspenden a Venezuela del Mercosur

Venezuela fue suspendida del Mercosur ante el avance del gobierno de Nicolás Maduro con la instalación de la Asamblea Constituyente, anunciaron hoy los cancilleres de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay reunidos de emergencia en esta ciudad, donde decidieron aplicar la cláusula democrática del bloque prevista en el Protocolo de Ushuaia (1998).

"La suspensión de Venezuela fue aplicada en función de las acciones del gobierno de Nicolás Maduro y es un llamado para el inmediato inicio de un proceso de transición política y restauración de orden democrática", señalaron en un comunicado conjunto los ministros de Relaciones Exteriores de la Argentina, Jorge Faurie, de Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, de Paraguay, Eladio Loizaga, y de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, tras su encuentro de una hora y media en la sede de la Alcaldía de San Pablo.

El apoyo de Uruguay fue clave para esta decisión consensuada; hasta ahora, el gobierno de Tabaré Vázquez se mostraba reticente a tomar una postura más dura contra Venezuela, como sí impulsaban sus colegas del bloque, el argentino Mauricio Macri, el brasileño Michel Temer, y el paraguayo Horacio Cartes. La resistencia uruguaya llegó a bloquear una condena más firme en la última cumbre del Mercosur, en Mendoza, el mes pasado, pero ahora, el agravamiento de la crisis venezolana, con más de 120 muertos en enfrentamientos callejeros, la realización de las elecciones para la controvertida Asamblea Constituyente y su inmediato emplazamiento, llevó a Montevideo a cambiar de opinión.

En los hechos, Venezuela ya estaba suspendida del Mercosur desde diciembre del año pasado, luego de que el país no cumplió con los plazos para adoptar las normas burocráticas y económicas para la adhesión al bloque, al que se unió en 2012. Pero esa era una medida de carácter "administrativo", que podría haberse zanjado fácilmente una vez que Caracas se pusiera al día con las reglas del Mercosur; ahora, se trata de una suspensión "política", que para ser revertida requerirá de un cambio de régimen, con elecciones supervisadas y consideradas democráticas, así como indicadores de que las instituciones están realmente funcionando en el país caribeño. Este es el castigo máximo que prevé el Protocolo de Ushuaia, ya que la expulsión no está contemplada como tal en el acuerdo.

Aunque el Protocolo de Ushuaia sí establece medidas más severas, incluso sanciones como el cierre de fronteras, del tráfico aéreo y marítimo, así como el fin del abastecimiento de energía y la suspensión parcial o total del comercio, por ahora los países socios no aumentarán más la presión sobre el régimen de Maduro. Por las difíciles condiciones económicas que pasan hoy los venezolanos -con escasez de comida, medicamentos y otras necesidades básicas-, este tipo de medidas sólo acabarían por incrementar el sufrimiento del pueblo.

Fuente: La Nación