Amnistía Internacional pide a Formosa que cumpla el fallo de la Corte y respete los derechos humanos

Sólo un tercio de las personas varadas en el país lograron ingresar a Formosa dentro del plazo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo que ordenó a las autoridades provinciales permitir el acceso de alrededor de 8500 ciudadanos, denunció este miércoles la organización Amnistía Internacional.

Frente a eso, la ONG reclamó que la provincia al mando de Gildo Insfrán cumpla con la decisión de la Corte y respete los derechos humanos.

Muchas de las personas que querían ingresar no pueden hacerlo porque no tienen el dinero para afrontar los gastos del test PCR o el alojamiento que les exige la provincia, por ejemplo. Además, se resaltó que “la Provincia negó el ingreso de 48 personas por presentar un PCR positivo, dejando a la deriva a quienes podrían requerir atención médica”.

Ante la negativa del gobierno de Insfrán a que sus ciudadanos regresen a su provincia, muchos debieron dormir en la ruta e incluso quedaron a la intemperie en otras provincias por la falta de recursos para retornar y por no tener la certeza de que allí la Policía de Formosa los dejaría ingresar.

Cuando fueron a la Justicia y obtuvieron amparos, el juez federal subrogante Fernando Carbajal fue acusado por el gobierno provincial de “desestabilizar el sistema sanitario” y posteriormente dejó el cargo.

Ahora, a un mes del fallo de la Corte Suprema que obligó al Estado provincial a habilitar el ingreso de los formoseños que reclamaban volver a sus casas, Amnistía Internacional aseguró que -según informó el gobierno al Máximo Tribunal-, hasta el 14 de diciembre sólo ingresaron 2774 personas, otras 500 habrían desistido de entrar y 3980 habrían “rechazado” la propuesta de ingreso.

Sin embargo, los motivos que invocan dichas personas explican su imposibilidad de ingreso en las condiciones requeridas por la provincia. Allí se destacan como variantes a no poder ingresar “la imposibilidad económica de afrontar los gastos del test PCR y/o el alojamiento que exige la Provincia; el escaso tiempo entre la fecha indicada para el ingreso y la posibilidad material de lograr la realización el test o llegar a la Provincia; las dificultades para conseguir medios de transporte para llegar a Formosa; y la falta de alternativas a la cuarentena obligatoria en los centros de aislamiento dispuestos por la provincia para ingresar”.

Justamente, la Corte Suprema había llamado a la Provincia a reformular el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado por entender que las medidas provinciales constituyen “limitaciones irrazonables” a los derechos ya sea por la demora que se produce para concretar el ingreso, como por delegar en la capacidad económica de las personas la posibilidad de su regreso.

Sin embargo, Formosa continuó implementando el mismo sistema, incorporando únicamente mayor cantidad de Centros de Aislamiento Preventivo (CAP), sostuvo Amnistía.