Comienza el primer juicio en el país por difundir material sexual íntimo

Paula Sánchez Frega tiene 28 años y es de La Rioja. En 2017, tras el fin de una relación conflictiva con su ex pareja, el tatuador Patricio Pioli, denunció ante la Justicia haber sido víctima de una pornovenganza y transformó su historia en un caso inédito: logró el primer juicio oral de Argentina por la difusión de material sexual íntimo.

Este jueves por la tarde, en el Juzgado N° 3 de La Rioja se iniciará el debate contra Pioli, de 36 años, acusado de los delitos de coacción y lesiones leves calificadas, ya que los delitos informáticos conocidos como “sextorsión” y “pornovenganza” no constituían un delito al momento de la denuncia, incluida en 2018 en el Código Penal a partir de una propuesta del juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky.

El juez Gustavo Farías dará a mediados de diciembre su veredicto, tras un total de cinco audiencias, y determinará la responsabilidad de Pioli en este delito por el que podría recibir una condena de dos a seis años de prisión.

“Lo conocí cuando me fui a tatuar al local de él. Al tiempo iniciamos un relación y terminó viviendo en mi casa”, contó Paula en una entrevista con Infobae y dijo que la relación entre ambos estuvo marcada principalmente por agresiones verbales. “Empezamos a celarnos mutuamente y ya discutíamos por cualquier cosa. No lo soporté más y le pedí que se fuera a vivir a otro lado. Pero él no se bancó que lo dejara y tras amenazarme de muerte decidió viralizar por WhatsApp mis fotos y videos íntimos”, explicó.

Para ponerle fin al hostigamiento, que de acuerdo con Paula continúa hasta hoy, decidió denunciarlo, consiguió una restricción perimetral y logró algo inédito: Pioli fue procesado con prisión preventiva (pero con beneficio de excarcelación), embargado por 30 mil pesos y su causa se elevó a juicio.

“Se introdujo la figura de la coacción, que es un delito que consiste en obligar a una persona mediante amenazas a hacer algo que no quiere, porque Pioli le decía a Paula que si no volvía con él iba a difundir ese material íntimo. A lo que sumamos las lesiones leves calificadas, que tienen que ver más con el daño psicológico que le ocasionó que con las agresiones físicas, que también las hubo”, detalló entonces a Infobae Sebastián Andrada, abogado querellante de Paula.

“Yo vengo de un tratamiento psicológico y de otro con psicofármacos. Sigo con trastornos de ansiedad pero no voy a dejar esta lucha. Espero que la justicia dicte un fallo ejemplar y siente un precedente”, señaló la víctima, más allá de que su abogado admitió que “es muy difícil que le den una pena privativa de su libertad”.

En el caso de que la pena no supere los tres años, “puede ser de cumplimiento condicional siempre y cuando no tenga antecedentes”, explicó el letrado, quien remarcó que, llegada esa instancia, su encarcelamiento quedará en suspenso mientras no cometa un nuevo delito y cumpla con las reglas de conducta establecidas en la sentencia.

Según datos de la Asociación Argentina de Lucha Contra el Cibercrimen (AALCC), una ONG porteña dedicada a la materia que brinda talleres de capacitación a fuerzas de seguridad y cuenta con un gabinete psicológico para víctimas, en los últimos dos años hubieron casi 650 denuncias por pornovenganza y alrededor de 3.500 por sextorsión y se incrementaron un 20% y un 35%, respectivamente.

“Es cierto que crecieron las consultas por estos ciberdelitos, pero no siempre estos pedidos de asesoramiento llegan a la Justicia ya que la gente evita exponerse judicialmente”, explicó el fiscal Horacio Azzolín, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), quien además advirtió que este tipo de casos cada vez proliferan más porque “hoy en día es muy común que las parejas se filmen en la intimidad, a diferencia de lo que ocurría 20 años atrás, y están más expuestas”.

A diferencia de la sextorsión, donde la víctima puede conocer o no al victimario, “en la pornovenganza el móvil se da por rupturas amorosas o peleas entre las partes; pero también pueden intervenir terceras personas que han abusado de la confianza de la víctima y su objeto es solamente causarle un mal”, detalló el abogado Diego Migliorisi, vicepresidente de AALCC.