Jubilaciones mínimas: diputados debatían el 82 por ciento móvil

La Cámara de Diputados debatía este miércoles por la noche el proyecto que plantea establecer una jubilación mínima igual al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil, cuyo centro de la discusión pasaba por la inclusión o no de un sistema de financiamiento.

Si bien existe una pulseada política de fondo entre el oficialismo (que considera inviable el incremento) y la oposición, también el debate era entre el núcleo duro anti-K y el inter-bloque de centroizquierda de Proyecto Sur por la cuestión del financiamiento y la restitución de los valores históricos de los aportes patronales.

El debate parlamentario se espera se define pasada la medianoche como consecuencia de la larga lista de oradores existente.

El presidente de la comisión de Previsión y Seguridad Social, el peronista federal Mauricio Ibarra, defendió el dictamen por la mayoría, firmado por los bloques del núcleo duro anti-K, y dijo, con ironía, que no se imaginaba "al general (Juan Domingo) Perón haciendo consultas para saber cuál sería el impacto que iban a tener las vacaciones pagas" o "consultando por el aguinaldo".

La diputada de Proyecto Sur Graciela Iturraspe -una de las operadoras de la centroizquierda que apuró un dictamen de comisión en minoría- marcó la necesidad de dar sustento al aumento de las jubilaciones a partir "de la restitución de los aportes patronales" al nivel que tenían antes de la rebaja que dispuso en 1993 el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, en la gestión presidencial de Carlos Menem (autores también del congelamiento de los haberes jubilatorios por años).

Pero el intento de la centroizquierda se vio debilitado por el retroceso de los bloques del socialismo y el GEN -que a través de su jefa de bloque del PS, Mónica Fein, y la diputada bonaerense de los "margaritos" Virginia Linares- anunciaron, pese a haber respaldado el dictamen de minoría, que terminarían votando en general el proyecto de la mayoría y pedirían en la discusión en particular la restitución de la totalidad de los aportes patronales como fuente de financiamiento.

Su compañero de inter-bloque y de la CTA Claudio Lozano recordó que el 82 por ciento móvil surge del "carácter sustitutivo del salario", que la justicia a lo largo de la historia le reconoció al haber jubilatorio, y reivindicó la necesidad de que el Congreso establezca la fuente de recursos para el aumento para "garantizar que no haya excusas para darles a nuestros mayores lo que hay que darles". Aseguró que "en estos momentos, la ANSES tiene un superávit de 13.000 millones de pesos anuales y si se restituyeran los aportes patronales a las grandes empresas en los niveles de 1993 se obtendrían más de 17.000 millones de pesos adicionales" para pagar el aumento a los pasivos.

El primer oficialista en hablar fue Gustavo Marconato (presidente de la Comisión de Presupuesto), quien eludió las críticas opositoras al preguntarse "cómo vamos a ser una máquina de impedir" y recordar que, en lo que va de gestión del matrimonio Kirchner, se "ha dado más de un 500 por ciento de aumento en el haber mínimo jubilatorio".

El legislador santafesino objetó el dictamen de mayoría por no mencionar la fuente de recursos necesaria para sostener el sistema con el referido aumento (que requiere la ley de Administración Financiera) y recordó que "estamos hablando de 32 mil millones de pesos de diferencia", al tiempo que acusó a los bloques impulsores del referido proyecto de "querer secar el fondo de sustentabilidad" y desfinanciar la seguridad social.

La réplica fue del radical Eduardo Serebrinsky, quien dijo que los radicales "nos hacemos cargo" de la responsabilidad en el retraso de las jubilaciones (como el recorte del 13 por ciento de las jubilaciones en el gobierno de Fernando De la Rúa), pero pidió al peronismo "que se hagan cargo de la década del ’90, que se hagan cargo de la pesificación asimétrica", mientras que su correligionaria Silvana Giúdici aseguró que el planteo de su bloque a favor del aumento de los haberes "no es oportunista".

A su turno, la jefa de la CC, Elisa Carrió, quien en su momento se opuso al traspaso al régimen de jubilación estatal de reparto, dijo que es "es intolerablemente injusto y reaccionario que los jubilados financien a los niños y no, por ejemplo, la renta financiera". La dirigente apuntó: "De dónde deben salir los recursos para que la sociedad tengan un principio de justicia" y sostuvo que "la sociedad debe garantizar una jubilación digna", aunque aclaró que, el financiamiento del sistema, "no es por vía de los aportes porque vamos a tener cada vez más problemas con los aportes sino que debe estar garantizado por una profunda reforma impositiva".

Con el salario mínimo vital y móvil actual de 1.740 pesos, y de convertirse en ley, la jubilación mínima pasaría a 1.426,80 pesos (casi 400 pesos más de lo que se percibe por ese concepto a la fecha).

DYN