El Juzgado Federal de Formosa estableció este jueves que un hombre, acusado de la caza ilegal de un ejemplar de yaguareté, deberá pagar una caución de 3.770.000 de pesos, no podrá salir del país y tendrá prohibido el uso y la tenencia de armas, hasta tanto se resuelva su situación procesal, en la causa que tiene como querellantes a la Administración de Parques Nacionales (APN), junto a la provincia de Formosa y Red Yaguareté.
En Formosa
Multa millonaria y prohibición de salir del país a cazador furtivo de yaguareté
El hombre deberá abonar la suma de 3.770.000 de pesos. No podrá portar armas.
De esta manera y luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia hiciera lugar parcialmente al recurso presentado por la APN, se fijó los alcances de la caución real que sustituye a la caución juratoria impuesta anteriormente a Carlos Miguel Javier Chagra por la caza ilegal de un yaguareté (de la especie Panthera onca), señalaron voceros del organismo.
La cifra impuesta surge del cálculo económico del daño ambiental causado por la pérdida de este ejemplar que realizó la Dirección Nacional de Conservación de la APN, base a diversos aspectos y variables ambientales, a tener en cuenta.
En el marco de un proceso judicial, calificado como "histórico", este tipo de resoluciones "resultan ejemplificadoras y cruciales para frenar la cacería de ejemplares de yaguareté, que por lo general quedan impunes y sin consecuencias para los cazadores", se indicó.
La caza de ejemplares de fauna nativa, y particularmente mamíferos grandes y medianos amenazados de extinción, está prohibida a nivel nacional y provincial.
La Administración de Parques Nacionales tiene el compromiso y la determinación para revertir la situación desfavorable de las poblaciones de yaguareté en Argentina, a través de la participación activa en denuncias por caza ilegal y en otras acciones conjuntas con todos los actores interesados en la conservación de la especie.
Es por ello que, en este caso, se presentó como querellante en el marco de la causa que investiga la comisión del delito previsto en el artículo 25 de la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna.
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