El año en que la Argentina quedó al límite: el escenario nacional detrás de Operación Primicia

El ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 ocurrió en un país que atravesaba una de las etapas más críticas desde el regreso del peronismo al poder en 1973.

La muerte de Juan Domingo Perón, el debilitamiento del gobierno de María Estela Martínez de Perón, el avance de la violencia política y la crisis económica habían creado un escenario de extrema inestabilidad.

A mediados de 1975, el gobierno nacional enfrentaba una pérdida creciente de autoridad. Isabel Perón había asumido la presidencia tras la muerte de Perón, pero su administración quedó marcada por disputas internas dentro del propio peronismo, presiones sindicales, conflictos con sectores militares y una economía cada vez más deteriorada.

En ese marco, la capacidad del Estado para ordenar la vida política y social se encontraba seriamente cuestionada.

El impacto del Rodrigazo

Uno de los puntos de quiebre fue el llamado Rodrigazo, el plan económico anunciado en junio de 1975 por el ministro Celestino Rodrigo. La devaluación, el aumento de tarifas y la aceleración inflacionaria golpearon de lleno sobre los salarios y el poder adquisitivo. La reacción sindical fue inmediata y generó una fuerte crisis dentro del gobierno.

La protesta obrera, el desgaste del gabinete y la renuncia de funcionarios clave dejaron al Ejecutivo en una situación de fragilidad.

El peronismo, que había regresado al poder con una amplia base electoral apenas dos años antes, aparecía dividido entre sectores sindicales, políticos, juveniles, ortodoxos y revolucionarios. Esa fractura interna fue uno de los rasgos centrales del período.

Violencia política y organizaciones armadas

La violencia política también escalaba. Montoneros había pasado a la clandestinidad en 1974, después de su ruptura definitiva con el gobierno peronista. Desde entonces, profundizó su estrategia armada y buscó presentarse como una fuerza capaz de disputar poder político y militar. La Operación Primicia se inscribió en esa lógica: una acción de alto impacto, ejecutada lejos de los grandes centros urbanos, con secuestro de avión, ataque a una unidad militar y fuga aérea.

Al mismo tiempo, el ERP desarrollaba su propia estrategia insurgente, especialmente en Tucumán, donde el Ejército ya había sido desplegado a través del Operativo Independencia. Ese antecedente fue importante porque marcó la intervención directa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior antes del golpe de Estado de 1976.

El país estaba atravesado por atentados, secuestros, asesinatos políticos y enfrentamientos armados. También actuaban grupos parapoliciales y paraestatales, como la Triple A, vinculados a la persecución de militantes políticos, sindicales, estudiantiles e intelectuales. La vida pública se desarrollaba en un clima de miedo, polarización y violencia creciente.

Cuando ocurrió la Operación Primicia, Isabel Perón se encontraba de licencia. El Poder Ejecutivo estaba a cargo de Ítalo Argentino Luder, presidente provisional del Senado. Esa situación reflejaba el nivel de fragilidad institucional del momento. El gobierno constitucional seguía en pie, pero su conducción política estaba debilitada y dependía cada vez más de equilibrios internos difíciles de sostener.

El ataque de Montoneros en Formosa tuvo lugar precisamente en ese contexto. No solo fue un golpe contra una unidad militar, sino también un hecho que impactó sobre una estructura estatal ya tensionada.

La operación mostró capacidad de planificación y coordinación por parte de la organización armada, pero también provocó una reacción política inmediata del gobierno y de las Fuerzas Armadas.

Los decretos posteriores al ataque

El 6 de octubre de 1975, un día después de la Operación Primicia, el gobierno nacional firmó los decretos 2770, 2771 y 2772.

Esas normas ampliaron la intervención militar en la lucha contra las organizaciones armadas y extendieron a todo el territorio nacional la orden de ejecutar operaciones de seguridad para enfrentar el accionar subversivo.

Ese punto fue decisivo. Hasta entonces, la militarización de la seguridad interior tenía su antecedente más claro en Tucumán.

Después del ataque en Formosa, el marco se amplió al conjunto del país. Por eso, Operación Primicia quedó asociada a un momento de aceleración en la crisis nacional: no originó por sí sola el proceso represivo, pero sí funcionó como un hecho que reforzó el protagonismo militar en la vida política argentina.

Un país al borde del quiebre

El saldo de la operación fue grave: murieron soldados conscriptos, personal militar, un agente policial, civiles e integrantes de Montoneros.

El hecho generó conmoción pública y fue utilizado por distintos actores para reforzar sus posiciones. Para el gobierno, fue una muestra de la necesidad de endurecer la respuesta estatal. Para las Fuerzas Armadas, confirmó el argumento de que debían asumir un rol más amplio en la seguridad interna. Para Montoneros, en cambio, fue presentado como una operación de gran escala con valor político y militar.

En los meses siguientes, la crisis no se detuvo. La economía continuó deteriorándose, la violencia política se intensificó y el poder militar creció dentro del sistema institucional. Menos de seis meses después, el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional e instauraron una dictadura.

Una clave para leer 1975

Operación Primicia debe ubicarse dentro de ese país convulsionado. Fue una acción armada específica, con objetivos propios, pero su impacto se explica por el contexto nacional que la rodeó.

La Argentina de octubre de 1975 era un país con un gobierno debilitado, una economía en crisis, organizaciones armadas activas, violencia paraestatal y Fuerzas Armadas cada vez más influyentes.