Operación Primicia fue un hecho militar, político y social. El 5 de octubre de 1975, Montoneros atacó el Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa, en una acción que incluyó el secuestro del Vuelo 706 de Aerolíneas Argentinas y el copamiento del aeropuerto El Pucú.
Operación Primicia - Especial
La memoria disputada de “Operación Primicia”: ¿cómo podemos analizar hoy lo que pasó en 1975?
El ataque al Regimiento 29 dejó 28 muertos y abrió una discusión que atravesó décadas: cómo recordar, reparar y analizar un hecho ocurrido bajo un gobierno constitucional.
Pero su impacto no terminó en el enfrentamiento armado. Desde entonces, el episodio quedó asociado a debates sobre violencia política, responsabilidad estatal, memoria pública y reparación de víctimas.
El saldo del ataque fue de 28 muertos confirmados. Según las investigaciones de Radio Rafaela, entre las bajas hubo un oficial, un suboficial, diez soldados conscriptos, un agente de la Policía de Formosa, tres civiles ajenos al enfrentamiento y doce integrantes de Montoneros. Esa composición de víctimas convirtió al hecho en un caso particularmente complejo dentro de la historia argentina reciente.
Los conscriptos y el impacto social
Uno de los aspectos que más repercusión tuvo fue la muerte de soldados conscriptos. Eran jóvenes que cumplían el servicio militar obligatorio, no integrantes profesionales de una fuerza por decisión propia: Antonio Arrieta, Heriberto Ávalos, José Coronel, Hermindo Luna, Dante Salvatierra, Ismael Sánchez, Tomás Sánchez, Edmundo Roberto Sosa, Marcelino Torales y Alberto Villalba.
La muerte de esos jóvenes generó un fuerte impacto social. Para amplios sectores de la opinión pública, el ataque colocó en el centro de la escena a ciudadanos incorporados al Ejército por obligación legal. Esa particularidad diferenció el episodio de otros enfrentamientos de la época y contribuyó a modificar la percepción pública sobre la violencia armada.
El agente policial Neri Argentino Alegre también murió durante la secuencia de fuga. Además, hubo tres víctimas civiles ajenas al conflicto, una de ellas identificada como estudiante secundario de 15 años. Esos fallecimientos ampliaron el alcance del daño más allá del ámbito estrictamente militar y mostraron cómo la acción afectó también a personas sin participación directa en ninguno de los bandos.
La reacción política inmediata
El ataque ocurrió en un momento crítico para el gobierno constitucional. Isabel Perón estaba de licencia y el Poder Ejecutivo era ejercido por Ítalo Argentino Luder. Al día siguiente, 6 de octubre de 1975, se firmaron los decretos 2770, 2771 y 2772. Este último ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares y de seguridad para aniquilar el accionar subversivo en todo el territorio nacional.
En cierta manera, la “Operación Primicia” funcionó como un acelerador de decisiones ya presentes en el escenario político y militar. El marco represivo, que hasta entonces tenía un antecedente central en el Operativo Independencia en Tucumán, se extendió formalmente al conjunto del país. Esa ampliación tuvo efectos institucionales profundos en los meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
La cobertura mediática
La prensa nacional dio amplia cobertura al ataque. De acuerdo a los datos reconstruidos, los diarios de mayor circulación colocaron el episodio en el centro de sus portadas y lo presentaron como una vulneración grave del orden institucional. El énfasis estuvo puesto en la violencia del ataque, en la muerte de conscriptos y en la necesidad de una respuesta estatal severa.
Montoneros, por su parte, difundió su propia versión a través de la revista clandestina “Evita Montonera”. En esos partes de guerra, la organización presentó la acción como una demostración de capacidad militar. También sostuvo cifras de armamento capturado que, aparentemente , fueron superiores a las registradas por fuentes militares posteriores: la publicación habló de alrededor de medio centenar de fusiles, mientras que la reconstrucción histórica fija la cantidad en 18.
Esa diferencia entre relatos muestra que Operación Primicia no solo fue un enfrentamiento armado, sino también una disputa discursiva. Para unos, fue una acción militar de impacto; para otros, una tragedia que involucró a soldados conscriptos y civiles. La distancia entre ambas narrativas anticipó debates posteriores sobre memoria, responsabilidad y reconocimiento público.
La discusión en democracia
Con el retorno democrático, el episodio no ocupó siempre un lugar central en las narrativas públicas sobre los años setenta. Durante mucho tiempo, Operación Primicia quedó en una zona de menor visibilidad, en parte por la dificultad de integrarla en esquemas interpretativos más generales sobre terrorismo de Estado, violencia política y derechos humanos.
La discusión reapareció con fuerza en las décadas siguientes, especialmente a partir de investigaciones periodísticas e históricas. Uno de los puntos más sensibles fue el tratamiento estatal de las indemnizaciones. Familiares de integrantes de Montoneros muertos en el ataque recibieron reparaciones bajo leyes destinadas a víctimas de desaparición forzada o violencia estatal, mientras que familiares de defensores del regimiento reclamaron durante años un reconocimiento equivalente.
En 2019, el Decreto 829 estableció una reparación administrativa para herederos de soldados y personal militar o policial muertos en la defensa del Regimiento 29. El dossier indica que la ejecución efectiva de esos pagos se demoró y que en 2024 se emitió una orden de pago mediante la Resolución 1023/2024.
Relevancia actual
Operación Primicia conserva relevancia porque obliga a examinar un momento límite de la historia argentina: un gobierno constitucional debilitado, organizaciones armadas activas, Fuerzas Armadas con creciente poder político y una sociedad atravesada por el miedo y la polarización. Su estudio no requiere reducir el pasado a consignas, sino reconstruir hechos, actores, decisiones y consecuencias con precisión documental.
A cincuenta años de aquel 5 de octubre de 1975, el episodio sigue abriendo preguntas sobre memoria, justicia, reparación y responsabilidad histórica. Revisarlo con distancia crítica permite comprender mejor cómo se enlazaron la violencia política, la crisis institucional y el deterioro democrático en los meses previos al golpe de Estado de 1976.
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