La jueza federal Loretta Preska convocó de manera urgente a la República Argentina y a los demandantes del caso YPF a una audiencia cuyo eje será un punto sensible: la tesis de que el Estado argentino e YPF actúan como alter ego. De confirmarse, ese criterio habilitaría a Burford Capital a ejecutar el 51 % de las acciones que el Tesoro posee en la petrolera.
Caso YPF
Preska convocó de urgencia a la Argentina y crece la tensión por las acciones de la empresa
La jueza de Nueva York citó a las partes para discutir si el Estado e YPF son “lo mismo”. El Gobierno intenta frenar la entrega del 51 % a Burford, mientras se abren escenarios de desacato y millonarias garantías.
El llamado llega en un clima de máxima tensión. Tras el fallo de septiembre de 2023 que impuso un resarcimiento de USD 16.100 millones (que supera los USD 30.000 millones con causas conexas), Preska ordenó la transferencia de las acciones. El país apeló y pidió suspender la medida; ahora la jueza decidirá si congela la sentencia, exige garantías o declara el desacato.
Burford presiona y cita a Kicillof
El lunes 7 de julio, Burford se opuso a la suspensión del “turnover”. En su escrito incluyó la traducción de la reciente conferencia de Axel Kicillof, exministro clave en la expropiación de 2012, como prueba de que el país no actuará de buena fe. Desde la Procuración del Tesoro reprocharon la jugada y remarcaron que “empeora la posición argentina”.
Tres posibles escenarios inmediatos
- Suspensión temporal. Preska podría congelar la entrega de acciones hasta que la Cámara de Apelaciones revise el caso.
- Garantía millonaria. La jueza podría obligar a la Argentina a depositar una suma cautelar; de no hacerlo, se configuraría desacato.
- Ejecución firme. Si rechaza la apelación, Burford estaría habilitado a avanzar sobre los títulos de YPF.
Estrategia oficial: diplomacia y amicus
Mientras la Casa Rosada, la Procuración, Economía y Cancillería afinan la defensa, el Gobierno busca apoyos externos. Ya cuenta con un dictamen del fiscal estadounidense Damian Williams, que advirtió sobre la violación de inmunidades soberanas si se embargan las acciones. Se evalúa sumar amicus curiae de países aliados, como Uruguay y Paraguay, que antes respaldaron al país.
El caso nació en 2012, cuando el Estado expropió el 51 % de YPF. Burford compró los derechos de litigio a las quiebres Petersen y Eton Park y demandó en Nueva York. Tras una década, la sentencia inicial se transformó en el mayor juicio perdido por la Argentina en el exterior.
La audiencia urgente convocada por Preska puede fijar el rumbo definitivo del expediente y determinar si el país enfrenta nuevas sanciones o logra tiempo para revertir el fallo.
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