"RSF alerta que el juzgado de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública de la provincia de Jujuy autorizó la indagación del contenido de los celulares de los periodistas Luciano Aguilar, de La Izquierda Diario, y Camilo Galli, de El Submarino", alertó la organización internacional en su cuenta de Twitter en lengua española.
Indagación de celulares
Reporteros Sin Fronteras denuncia la fuerte medida de la justicia jujeña contra dos periodistas
La organización internacional advirtió que la decisión constituye una violación a la garantía constitucional de reserva de fuentes.
Ambos periodistas fueron detenidos cuando cubrían el sábado 17 de junio las protestas de las comunidades indígenas en la localidad de Purmamarca.
La ONG presidida por el periodista francés Pierre Haski ya se había manifestado para solicitar la devolución de los celulares por parte de la Justicia jujeña, y en conocimiento de la nueva medida alertó que el acceso a los dispositivos móviles de Aguilar y Galli "constituye una violación a la garantía constitucional de reserva de fuentes".
"RSF insta al Ministerio Público a no llevarla a cabo (a la medida), a devolverles a ambos sus herramientas de trabajo y al inmediato desprocesamiento de los periodistas", exhortó.
También reiteró la "exigencia" al gobierno de Gerardo Morales para que instruya a la Policía provincial a respetar el trabajo de la prensa, esencial para el derecho a la información de los ciudadanos.
El martes pasado, la asociación RSF también había denunciado los balazos de goma sufridos por el camarógrafo de la agencia Télam Daniel Bello y el cronista de La Izquierda Diario Eduardo Castilla por parte de la policía jujeña.
La agencia nacional de noticias Télam presentó el viernes pasado una denuncia penal por las lesiones que sufrió Bello.
La denuncia fue presentada en el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy y lleva la firma del fotógrafo afectado por la represión policial y de los abogados Juan Ignacio Marque, gerente de Legales de Télam, y Marcelo Elías, letrado matriculado en la provincia en la que ocurrieron los hechos denunciados.
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