Salta: un ex intendente, condenado por corrupción de menores, será candidato nuevamente

Juan Rosario “Chicho” Mazzone será candidato a intendente de El Bordo, en el departamento de Güemes en las próximas elecciones del 14 de mayo en Salta. Así lo ratificó el Tribunal Electoral tras fallar en contra de un pedido de impugnación.

Las autoridades electorales rechazaron la impugnación sobre la candidatura de Mazzone, que quiere competir con su partido “Con esfuerzo se puede” por la intendencia de El Bordo, de la que fue destituido en medio de un escándalo.

La polémica comenzó en enero de 2015, cuando se divulgaron las fotografías en las que se veía al entonces jefe comunal en sunga, en una fiesta rodeado de tres adolescentes en ropa interior (dos de 17 años y una de 15).

Las imágenes habían sido tomadas en diciembre de 2014, en una reunión que hizo el edil junto con dos remiseros amigos en su finca La Ramada, con pileta. Por ese hecho, Mazzone fue condenado como coautor de corrupción de menores a tres años de prisión en suspenso, en 2017, pero no fue a la cárcel.

En pleno escándalo, a mediados de enero de 2015 fue destituido por el Concejo Deliberante de El Bordo. Había llegado a la intendencia con un partido vecinal en 2003. En 2011 se acercó a Juan Manuel Urtubey -aunque tuvieron idas y vueltas- y volvió a ganar la elección local.

El proceso judicial, por otro lado, culminó con la condena dictada por la Sala I del Tribunal de Juicio el 17 de febrero de 2017. Y el 17 de septiembre de ese año la Sala II del Tribunal de Impugnación rechazó una apelación de sus abogados.

Ahora se presentó al frente de la fórmula de su espacio político para regresar a la intendencia. Tras la oficialización de su lista, dos abogados pidieron la impugnación de su candidatura. Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral de Salta rechazó este martes la objeción.

En su fallo, el tribunal dio sus fundamentos para habilitar la candidatura de Mazzone. “Del propio texto de la norma surge que la prohibición está sujeta al cumplimiento de dos condiciones, la primera, que la persona se encuentre condenada, y la segunda, que la pena impuesta no se haya agotado. Es decir, no basta el hecho de la condena sino que se exige además que la pena no se encuentre cumplida”, reza el texto oficial.

El candidato, en tanto, “cuenta con un antecedente condenatorio”, pero la fecha de la sentencia (febrero de 2017) y su ratificación (septiembre de 2019) “obstan la aplicación de la ley 8.225, “encontrándose cumplido el plazo de condena”.

“Por lo demás, las consideraciones efectuadas respecto de la calidad ética o moral de una persona no pueden ser evaluadas por este Tribunal para impedir su postulación, en el sentido de que no pueden crearse requisitos o impedimentos para el ejercicio de los derechos políticos”, dijo.