Se carga la agenda legislativa

Mario Cáffaro

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Termina enero y finaliza el receso del Poder Legislativo que tendrá los tres meses que restan del período de extraordinarias con una agenda cargada de proyectos habilitados por el Poder Ejecutivo, pero también de pliegos que enviará la Casa Gris, especialmente para las nuevas autoridades del sistema penal. Definir los nuevos titulares provinciales del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa más regionales de Santa Fe, Rosario, Rafaela y Reconquista será un debate crucial que primero deberá saldar internamente el Poder Ejecutivo, acordar con la coalición de gobierno y también con el justicialismo. Más allá de los concursos importa definir el perfil de cada terna del candidato que luego deberá aval legislativo. “Es clave el reemplazante de Julio de Olazábal porque definirá el tipo de percusión penal que se llevará adelante” dijo en estricto off un ministro de Miguel Lifschitz que participará de la definición junto a dos de sus pares y el propio gobernador. La Corte, como cuerpo, también quiere opinar y en la semana, el oficialismo legislativo dejará conformado un grupo de trabajo de socialistas y radicales para el cedazo de los postulantes. A ese perfil de fiscal general, Lifschitz comprometió que en marzo estará ya funcionando el Organismo de Investigaciones. En el sistema de Defensa, el oficialismo tiene claro que no quiere alguien con el perfil que tuvo Gabriel Ganón y también allí hay miradas encontradas entre los tres primeros del concurso.

Además de las autoridades de ambos institutos, ya está definido el concurso del auditor general que debió haberse cubierto cuando se puso en marcha el nuevo sistema procesal penal y cuya ausencia ha generado dolores de cabeza a De Olazábal al momento de investigar la conducta de fiscales. También hay ruido político en la terna final y alguna advertencia elevada por senadores del PJ al Poder Ejecutivo.

Y hablando de pliegos, ya finalizaron varios concursos llevados adelante en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre ellos para cubrir todas las vacantes en las cámaras civiles y comerciales de Santa Fe y Rosario. Además será enviado el pliego de Analía Colombo para continuar como Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes. La actual defensora -de bajo perfil- ha logrado reconocimientos a nivel federal donde las provincias están empezando a discutir políticas sobre la materia.

La etapa legislativa de diciembre terminó con el fracaso del propio Frente Progresista en acordar una serie de reformas al Código Procesal Penal que no pudo sintetizar las miradas del Senado y de Diputados. Poco se aprovechó enero para buscar puntos de acercamiento. La Casa Gris pretende que el asunto se dirima pronto y entiende que los fiscales deben tener mayores facultades para su tarea investigativa.

En el Senado quedaron seis proyectos sin tratamiento y otros cuatro en Diputados pero el Ejecutivo habilitará varios más, entre ellos un nuevo Código de Faltas y el sistema procesal penal juvenil. Antes, las Cámaras deberán tomar postura ante el veto de un artículo de la Ley de Presupuesto que introdujo el Ejecutivo el último día del año anterior. Es sobre el Fondo de Financiamiento Educativo. Más allá de los detalles técnicos están en juego 700 millones de pesos no coparticipados a municipios y comunas entre 2015 y 2016. La salida elegida por el Poder Ejecutivo hará que les sea engorroso a las administraciones locales hacerse de esos fondos. La palabra la tienen los senadores que eligieron la redacción que fue modificada el último día del año anterior.