Consumos problemáticos y derechos vulnerados

María Alfonsina Biasoni (*)

Las drogas y su consumo estuvieron presentes a lo largo de la historia de la humanidad, aunque en épocas recientes -desde 50 años atrás aproximadamente- comenzaron a considerarse un problema social.

En Argentina el problema droga comenzó a constituirse en problema social a fines de 1960, convirtiéndose en motivo de alarma social y diversificando dispositivos para su control, motivo de disputas y confrontaciones ideológicas en su significación.

Es necesario desplegar la dimensión política en relación al consumo problemático, desde la perspectiva de una sociedad capitalista que se constituye como productora y constructora de adicciones. Cuando desde expresiones corrientes se dice que alguien “cayó en las drogas” se traduce en considerar una forma de externar el problema, como un factor exógeno al ser.

Decir que “la droga es mala”, hablar de “guerra contra las drogas” es darle a las sustancias características de “sujeto”, provocando una identificación, una clasificación y una enucleación -rodear, encapsular y/o expulsar-. Esta noción nace de un concepto defensivo, parte de entender que la sociedad “está bien” y el problema está afuera. Este modelo de control surge desde terminologías militares: detección, lucha, presuponiendo que las drogas distorsionan lo que “está bien”, transformándose en un problema social y mundial.

El uso de drogas se presenta como una trama compleja de representaciones y prácticas en donde articulan procesos sociales, económicos, políticos, ideológicos y culturales. Se constituye en un problema cuyos efectos implican el refuerzo de procesos de normalización y disciplinamiento social, y consecuentemente, de estigmatización y discriminación de grupos sociales. El primer estereotipo se sostiene en el propio concepto, droga, tratándose de una noción que no responde a la lógica científica y que otorga relevancia a algunas sustancias (cocaína, cannabis, opiáceos) y excluye o considera mucho menos relevantes a otras (alcohol, tabaco, psicofármacos). Esta distinción no está fundamentada desde el punto de vista del daño social, de la nocividad o de la dependencia (Touzé, Graciela 1996). No obstante, para la representación social de “la” droga, ésta es siempre un producto “mortalmente dañino”, lo que justificaría la prohibición de su uso.

Acercándonos a los años 90, también reconocemos cómo las líneas de abordaje en la materia no son ajenas a las políticas de descentralización y privatización, adquiriendo relevancia las intervenciones de las organizaciones de la sociedad civil.

Aun habiendo desentrañado aspectos fundamentales para abordar el tema que nos convoca, es preciso señalar que los trabajadores de la salud venimos demandando a las organizaciones pertinentes un espacio de encuentro para plantear una serie de preocupaciones a partir de problemáticas que identificamos cotidianamente, no contando con modos eficaces de respuesta a estos problemas. El consumo de sustancias en niños cada vez más pequeños, que llegan a través de las demandas de las madres o cuidadores, así como la dificultad para lograr un acercamiento con los niños y jóvenes que no llegan al Centro de Salud. En este punto, se avisora la dificultad para el abordaje territorial por falta de recursos humanos como una vía para pensar estrategias de intervención con los jóvenes, como así también de políticas públicas. Si bien nos encontramos actualmente con alternativas denominadas de intervención inespecífica, porque el eje no está depositado en la sustancia, sino en la posibilidad de elaborar un proyecto de vida a través de la adquisición de destrezas para construir un proyecto diferente, suelen ser focalizadas y no de acceso universal. La principal dificultad se presenta cuando los consumos problemáticos se convierten en toxicomanías, agudizándose más aun cuando es en grupos etarios con edades que oscilan entre los 10 y 14 años, porque las organizaciones privadas con características de comunidades terapéuticas con las que celebra convenio la provincia se especializan en trabajar con jóvenes de 16 en adelante, lo cual nos arroja a que esos niños queden en los márgenes de intervenciones que el hospital puede ofrecer.

La reducción del riesgo o minimización de los daños es una política social que tiene como principal objetivo disminuir los efectos negativos del uso de drogas. Se orienta a disminuir la morbilidad y mortalidad, prevenir las enfermedades transmisibles, favorecer la accesibilidad a los servicios asistenciales y mejorar la calidad de vida de los usuarios de drogas. Estos programas no pretenden la abstinencia en el consumo, sino que tratan de reducir las consecuencias, admitiendo la dificultad que muchas personas presentan para suspender el consumo. No procuran reemplazar los servicios dirigidos a la abstinencia, sino que son un complemento indispensable. Aunque son alternativas dirigidas a sujetos sociales adultos, es controversial pensar la política de reducción de daño en niños, principalmente porque el sistema nervioso central del mismo está en pleno desarrollo y porque nos encontramos ante un derecho vulnerado, ese niño no tuvo la posibilidad de vivir su infancia y los adultos, instituciones y gobiernos no logramos garantizarla.

La reducción de daños como filosofía de trabajo define una posición ética anclada en el reconocimiento y la defensa de los derechos de todas las personas, sin condicionamientos debidos a sus prácticas. Eficacia y ética legitiman y aportan viabilidad a la reducción de daños como política pública.

Un logro importante de las luchas (pujas de poder) en el campo de la salud mental en nuestro país es la sanción de la Ley de Salud Mental, Ley Nº 26.657, en el año 2010, que tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento subjetivo. Se considera la salud mental como un “proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”.

Asimismo, las adicciones se empiezan a considerar padecimiento subjetivo despojando al uso problemático de sustancias de la posibilidad de ser criminalizado, debiendo ser abordado como aspecto integral de las políticas de salud. En todos los casos es fundamental, desde la letra de la ley, el trabajo en pos de la restitución y generación de lazos sociales en la comunidad donde los sujetos habitan. Los problemas de salud dejan de ser vistos como un problema médico estrictamente, poniendo sobre el tapete la conformación de equipos interdisciplinario para su abordaje.

(*) Lic. en Trabajo Social. Especialista en Salud Mental del Sistema de Residencias Nacionales Interdisciplinaria en Salud Mental (RISaM). Tesista de la Maestría en Salud Mental de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

La principal dificultad se presenta cuando los consumos problemáticos se convierten en toxicomanías, agudizándose más aun cuando es en grupos etarios con edades que oscilan entre los 10 y 14 años.

Las organizaciones privadas con características de comunidades terapéuticas con las que celebra convenio la provincia, se especializan en trabajar con jóvenes de 16 en adelante, lo cual nos arroja a que esos niños queden en los márgenes de intervenciones que el hospital puede ofrecer.