El debate por los avisos sexuales en la prensa

José Curiotto - [email protected]

La presidenta determinó la prohibición de publicar en los diarios -supuestamente la medida se hará extensiva a Internet- avisos que “promuevan la oferta sexual o hagan implícita o explícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual”. Se trata del decreto 936/11, que desató una andanada de opiniones de quienes están a favor, o en contra, de la decisión.

Presentar esta medida como solución al delito de trata de personas en la Argentina es sin dudas exagerado y hasta falaz. Sin embargo, y más allá de los argumentos que de uno y otro lado se esgrimen, el debate es seguramente saludable.

El diario Río Negro, que se distribuye en territorio rionegrino y Neuquén, promovió una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional por considerar que el decreto que prohíbe la publicación de avisos de oferta sexual es “inconstitucional, lesivo de la libertad de expresión y discriminatorio del libre ejercicio de una actividad lícita”.

A través de este recurso se reclama una medida cautelar de no innovar que suspenda los efectos del decreto presidencial.

Los abogados y directivos del diario Río Negro argumentan que el decreto abusa del “poder de policía”, que es inconstitucional y que conculca los derechos a la libertad de imprenta, a la libertad de expresión y de publicar la oferta de comercio lícito. Es que, en la Argentina, la prostitución no está penada por ley. No se prohíbe cobrar por sexo, si la decisión de quien ofrece el servicio es libre y consentida. Lo que se persigue es el proxenetismo o la trata de personas.

Subraya el diario en su recurso de amparo: “La trata de personas con fines sexuales es un delito aberrante, pero la prohibición ejecutiva no se revela como preventiva del delito que se pretende de ese modo combatir”. Considera que “el desacierto de la inducción es comparable a sostener que siendo los accidentes de tránsito vehicular una de las principales causas de muerte en nuestro país, debe prohibirse publicar avisos de venta de vehículos como mecanismo tendiente a la disminución de la comisión de delitos contra la vida e integridad de las personas”.

Un informe que acaba de ser publicado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino -centro de estudios, independiente y sin fines de lucro, especializado en la temática del mercado laboral, sistema educativo, seguridad social, sistema de salud y asistencia social- plantea que “la experiencia internacional muestra que la vía más efectiva para combatir los delitos vinculados al comercio sexual es transparentar la actividad. Así, se brinda protección, se facilita el control estatal y se favorecen las denuncias de las víctimas de delitos”.

Califica al decreto presidencial como una medida “donde la improvisación y el oportunismo, no sólo no permiten cumplir con los objetivos declamados, sino que generan enormes costos sociales. En realidad, contribuye a potenciar las condiciones de clandestinidad”.

Idesa parte de la experiencia holandesa, como “un país reconocido por sus innovadoras políticas públicas en materia de regulación del comercio sexual, donde la explotación con fines de prostitución u otras formas de explotación sexual están severamente castigadas en el código penal. Pero el ejercicio de la prostitución, en cualquiera de sus formas, está legalizado, es decir, es considerado un empleo como cualquier otro donde se aplican las normas de protección social y control estatal”.

Los holandeses concluyeron que, la mejor forma de evitar la explotación, es registrando y acompañando a las prostitutas con políticas públicas. Un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda señala que en todo el país están registradas más de 25 mil trabajadoras sexuales.

Según Idesa, “las trabajadoras sexuales en Holanda pueden desarrollar su actividad como asalariadas o cuentrapropistas. En general, prefieren ser cuentapropistas, pero el Ministerio de Trabajo está facultado para determinar si la relación entre el burdel y la trabajadora se ajusta a un relación de cuentrapropismo, o bien, tiene una naturaleza de relación de dependencia. De esto depende si el burdel paga cargas sociales o si la trabajadora paga impuestos como autónoma. Las trabajadoras acceden a controles y atención médica, pueden dejar su empleo o la actividad, y tienen libertad para publicitar su oferta sexual en medios gráficos e Internet”.

Para los holandeses, “la mejor forma de combatir la violencia sexual es fortalecer la posición de la mujer. Para ello, es fundamental no prohibir la actividad ya que sólo transparentándola es factible aplicar la ley y el control estatal, como ocurre con los otros empleos”.

Desde la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) se opusieron a la decisión presidencial: “Entendemos que estas medidas, claramente punitivas, no hacen otra cosa que seguir arrastrando a las mujeres a la clandestinidad y al manejo de las grandes mafias”. Desde la organización reclamaron la reglamentación del trabajo sexual y la búsqueda real de víctimas de trata. Además, advirtieron que la prohibición representa una traba a la única fuente de ingresos con que cuentan para vivir.

La contracara

“Estoy encantada con el decreto”, manifestó la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carmen Argibay. “Me encanta la medida, porque la venta de sexo es la propaganda de una mercancía humana, como vender heladeras, lo mismo, esos avisos tratan a la mujer como mercancía. Y los medios no se van a poder defender contra esta medida porque acá no hay opinión, no hay opiniones, de modo que no se atenta contra la libertad de expresión. No se coarta la libertad de expresión, lo que estamos coartando es la propaganda de la mujer como una mercancía”.

Susana Yappert, del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Neuquén, e interesada por la problemática desde hace años expresó: “Algunos medios dicen que al prohibir el rubro de venta de sexo se prohibe una actividad lícita en el país, como es la prostitución. Pero fumar cigarrillos tampoco es un ilícito, y desde hace años se consideró que no era bueno que los medios sean facilitadores de un vicio que enferma. Se comenzó limitando la publicidad y con el tiempo se dio lugar a un cambio cultural”.

Según Yappert, “en Europa y Estados Unidos los avisos de ofertas sexuales prácticamente dejaron de publicarse”. En España, en 2009, el gobierno apeló a la responsabilidad empresaria de los medios para que den de baja los avisos sexuales. Un año después, cuando se conoció el desmantelamiento de una red que explotaba sexualmente a mujeres chinas que ofertaba a través de diarios, el Ministerio de Igualdad de España anunció que no pautaría publicidad institucional en aquellos medios que mantuvieran publicidad de prostitución.

En el Reino Unido, la ministra de Igualdad, Harriett Harman, encargó en 2008 un estudio que relacionó estos anuncios con el tráfico de mujeres. Tras su publicación, la empresa editorial Newsquest y las filiales locales del grupo editor de The Guardian dejaron de publicarlos, pero los otros medios decidieron mantener las publicaciones. En Italia, -agrega Yappert en su informe- hace años que los principales diarios eliminaron los avisos hot de sus páginas. En Alemania, el Tribunal Supremo dictaminó en julio de 2006 que no es ilegal ofertar servicios sexuales; no obstante, los anuncios de prostitución sólo están presentes en escasos tabloides. En Estados Unidos, la prensa nacional no publica anuncios de prostitución, pero aparecen en publicaciones semanales dedicadas al ocio, como Village Voice, en N.Y, o L. A. Weekly, en Los Ángeles.

El camino de la autorregulación

Entre los que manifiestan una postura abiertamente prohibitiva y los que sostienen una posición totalmente permisiva, surge la posibilidad de la autorregulación de los medios como salida.

En su presentación judicial, el diario Río Negro asegura que, a lo largo de su trayectoria, “ha sido muy cuidadoso en el manejo de los avisos clasificados que puedan encubrir conductas ilícitas de proxenetismo o trata de personas”. Por ese motivo adopta las siguientes medidas: sólo publica anuncios de personas de existencia física, mayores de edad, a quienes se les requiere acreditar la identidad mediante la exhibición del DNI, que queda registrado. También se acredita la titularidad del anunciante de la línea de teléfono que incluye en el aviso. En ningún caso se permite la publicación de avisos a terceros en representación de otras personas. Tampoco se aceptan anuncios en el rubro “Empleos. Pedidos” que aludan a actividades relacionadas con la oferta sexual, como aquellos que requieren “Señorita para trabajo nocturno en whisquería” o aquellas destinadas a staff, agencias VIP, cabarets, privados, escorts, etc.

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) consideró que el decreto presidencial “es un avance en la lucha contra los delitos de trata de personas y de proxenetismo”, y sostuvo que la decisión del gobierno debe ser “complementada con medidas de persecución penal efectivas y coordinación en políticas públicas de todos los estamentos y niveles del Estado (nacional, provinciales y municipales), que demuestren voluntad y ejecución política efectiva en esta materia”.

Sin embargo, planteó que “las prohibiciones no son el mejor camino para resolver este tipo de problemáticas”.

Fopea instó “a la autorregulación en los medios de comunicación en éste y otros temas, por el compromiso ético y la responsabilidad social que deben mantener frente a la ciudadanía”.

* La ministra de la corte, carmen argibay, se mostró a favor de la medida de la presidenta de la nación. dijo que la venta de sexo es propaganda de mercancía humana.

Desde el observatorio de derechos económicos, sociales y culturales, destacan que en europa y en los estados unidos de américa los avisos de ofertas sexuales son prácticamente inexistentes.

Destacan que numerosos medios de esos países adoptaron estas medidas durante los últimos años. en algunos casos, a instancia de los gobiernos.

* El instituto para el desarrollo argentino (idesa) sostiene que la prohibición no es la salida y que la experiencia internacional demuestra que el mejor camino pasa por transparentar la actividad sexual.

La asociación de mujeres meretrices de la argentina se opone a la decisión de la presidenta porque, sostienen, contribuye a mantener en la clandestinidad a miles de mujeres.

Piden una verdadera persecusión de los que incurren en el delito de trata de personas.

* El diario rio negro, que presentó recientemente un recurso de amparo ante la justicia, considera que la autorregulación es la mejor salida.

Asegura que sólo pueden anunciar en ese diario personas físicas, que lo hacen de manera personal y no en representación de otros.

El foro de periodismo argentino consideró necesario luchar contra la trata de personas, pero instó a la autorregulación de los medios de comunicación en éste y otros temas, con compromiso ético.