Miles de millones de dólares que se pierden por un gobierno extraviado

Los pasos en falso del gobierno son elocuentes. Cristina se molesta por la importación de chapa por US$200 millones para que Techint fabrique los caños del gasoducto “en marcha” Néstor Kirchner, cuya obra civil aún no se licitó. No habla de los US$13 mil millones de dólares de déficit de la balanza comercial energética proyectados para este año.

En abril, contando 12 meses hacia atrás, las importaciones de gas natural licuado aumentaron 81,7% en comparación con igual período inmediato anterior. Las de gas natural, es decir las que llegan desde “los amigos bolivianos” por los caños, cayeron 29,8%. Los datos están disponibles en el último informe del Instituto Argentino de la Energía, General Mosconi.

Los números en base a datos oficiales resisten toda ideologización y son anteriores al invierno meridional y al impacto de la invasión rusa a Ucrania, que disparó los precios internacionales de la energía. Para completar el cuadro, en el mismo período de comparación, la importación de gasoil creció 89,1%.

El país no puede gestionar el equivalente a “5 PBI enterrados” en Vaca Muerta por la falta de un gasoducto que no solo lograría revertir ese rojo de la balanza comercial energética, sino generar divisas cuya ausencia amenaza la precaria estabilidad socioeconómica.

Por resolución 448 de 2020, el secretario de Energía Darío Martínez ordenó dejar sin efecto la licitación abierta en 2019 por la administración de Mauricio Macri, para que un gestor privado construya el gasoducto y lo explote por 35 años. La caída del gobierno de JxC, el retorno del modelo hacia tarifas subsidiadas y la pandemia, desalentaron a los eventuales inversores.

Esas dificultades no le impidieron a Martínez adjudicar la provisión de 70 millones de metros cúbicos diarios de gas natural a las petroleras hasta 2024. Detrás del Plan Gas IV existe la promesa de compensación estatal para sostener tarifas populares; el país “quebrado” gastó en subsidios a la energía en enero-abril, $419,906 millones, un crecimiento interanual de 174% según Asap.

Pero persistía (persiste) el problema: no hay capacidad de transportar todo el gas contratado hasta el Amba, Rosario y Santa Fe, y aún así el gobierno de Alberto Fernández demoró la nueva licitación, encargada ya no a un privado sino a la estatal Ieasa (volvió a llamarse Enarsa) bajo gestión camporista y en medio del drama del déficit fiscal.

Ahora, el gasoducto desde Tratayén (Neuquén) a Salliqueló (Buenos Aires), primera etapa del enlace que debe llegar luego hasta San Jerónimo en Santa Fe, está atrapado en una investigación judicial por corrupción, entre la renuncia con inconsistencias técnicas de Matías Kulfas y las demoras de Agustín Geréz, el santacruceño al frente de Enarsa.

Como si no fuera suficiente, la falta de gasoil en 19 provincias afecta no sólo a la provisión (más cara y escasa) de cualquier producto para consumo interno, sino a la vital campaña agropecuaria. Eso sí, a favor de las petroleras subsidiadas -y en contra de los intereses de Santa Fe y Córdoba- Martínez mantiene cancelada la mayor provisión de biodiésel.

Con 50% de su capacidad productiva ociosa, la cadena agroindustrial podría suministrar un millón de toneladas de ese biocombustible, lo que supondría ahorrar unos US$850 millones -17 barcos importados- y generar trabajo y valor agregado en el país.

"Vamos a seguir apostando al crecimiento, al desarrollo, la producción y exploración de YPF", dijo Alberto Fernández poco antes que Cristina Fernández de Kirchner le pasara la lapicera con la que cumplió en ejecutar a su amigo Matías Kulfas.

Queda ya lejos el tiempo en el que Oscar Parrili fue miembro informante de la privatización de YPF. La falsa reestatización de la petrolera que Mosconi creó como empresa pública, fue producto de un desembolso de US$5 mil millones cuando Axerl Kicillof era ministro. Compró 51% de las acciones de una empresa que hoy vale un quinto de aquellos precios y que afronta en Nueva York demandas de US$12 mil millones.

En 2011, cuando Repsol todavía tenía más del 57% de las acciones de YPF, la empresa anunció el “descubrimiento” de Vaca Muerta; Cristina lo había anticipado en torno al shale gas un año antes.

Hoy las perforaciones del yacimiento con inversión privada necesitan una suerte de “garantía contra la Argentina” (se libera el cepo a la producción incremental) porque las inversiones no se pueden “desacoplar” de la realidad, como fallidamente pretende el gobierno en materia de alimentos, o de cualquier otro rubro de la economía.