Los incendios en el Delta del Paraná se repiten como tragedia (evitable)

El Ecocidio provocado por los incendios en 2020 con más de un millón de hectáreas arrasadas por el

fuego en todo el país no ha servido para que el Gobierno Nacional, las Administraciones Provinciales y las Agencias del Estado con competencia en el Manejo del Fuego, ejecutaran un Plan Preventivo para el 2021, que concluyo igual o peor que el año pasado. Asimismo, se inicia un 2022 con focos de incendios activos en once provincias y un mapa del fuego que avanza sobre todo el territorio nacional.

En relación a los incendios en los humedales del Delta del Paraná, la situación está cada vez peor. Más de 900.000 hectáreas ya han sido arrasadas por el fuego entre 2020-2021, lo que revela dramáticamente la improvisación del Estado Nacional y los gobernadores del PIECAS – DP en relación al Manejo del Fuego. Ni siquiera la interpelación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Equistica” puedo torcer la inercia de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires para coordinar y articular un Plan Preventivo de Incendios Forestales.

Hace días que se registran enormes incendios en el sur del humedal, con una dinámica y desplazamiento del fuego que se agudizó, en este tramo del Delta, en el sector conocido como “Banquito de San Andrés” frente a la ciudad de Rosario. Lo absurdo que, en esa zona, se realizó un importante acto en febrero de 2021, organizado por el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Santa Fe, el ENAPRO y Parques Nacionales, para anunciar un sistema de monitoreos con videocámaras y la creación de un Faro de Conservación. Sin embargo, nada ni nadie previno el fuego y en estos días los brigadistas de la Multisectorial Humedales de Rosario fueron quienes combatieron el fuego y auxiliaron isleños, muchos de ellos con sus ranchos arrasados. Está claro que no alcanzan los anuncios, las fotos ni las declamaciones para prevenir los incendios, se necesita un Plan articulado interinstitucional con las distintas agencias del estado y la participación de la sociedad civil.

El Gobierno Provincial no puede permanecer impávido frente a la Catástrofe Socio-ambiental que padecen los Santafesinos y Santafesinas, quienes vienen reclamando respuestas urgentes y concretas del Estado.

En este contexto, uno de los principales desafíos que nos plantea la crisis ecológica y particularmente climática, es prestar más atención a los sistemas de protección civil contra riesgos y desastres. Algunos distritos tienen sus propios planes de contingencia frente a desastres, estragos, accidentes y daños masivos, antrópicos y no antrópicos.

Sin embargo, la fenomenología de los incendios, su proyección a escala masiva y su distribución en diferentes regiones, obliga, primero, a reconocer que existe un problema recurrente y grave que no se está abordando seriamente. Segundo, a interpelar duramente al Estado acerca de cuáles son los principales problemas que condujeron a esta crisis, en este caso de los sistemas y subsistemas de Manejo del Fuego. Tercero, a mejorar los déficits identificados para que protección civil responda de mejor manera ante el fuego incesante. Cuarto, asumir la necesidad de la articulación entre agencias y sectores del estado, donde la institucionalidad ambiental debe trabajar coordinadamente con la institucionalidad referida a la protección civil involucrando las dependencias administrativas que correspondan.

En esta línea, en 2020 presentamos un proyecto, que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados pero que no fue tratado en la Cámara de Senadores, para declarar la emergencia por los incendios forestales y establecer una serie de herramientas para fortalecer las acciones preventivas. La mejor estrategia para erradicar los incendios forestales es establecer políticas publicas preventivas.

Como corolario de este desgarrador contexto, el 21 de diciembre de 2021, por tercera vez, perdió estado parlamentario, en sesiones ordinarias prorrogadas, el proyecto unificado de Ley de Humedales. Está claro que la falta de tratamiento por parte de las tres comisiones a las que se giró oportunamente el proyecto, no fue por disidencias de técnica legislativa, sino el resultado de fuertes intereses económicos que presionan estos territorios rechazando regulaciones y pautas mínimas para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales.

Es realmente desconcertante que estemos ante problemas tan básicos como la falta de financiamiento, infraestructura, recursos logísticos, capacidad de movilidad y transporte, incorporación de más recursos humanos, fortalecimiento o emplazamiento de brigadas estables en aquellos puntos territoriales considerados como críticos, entre muchísimos otros aspectos que, desde hace años y frente al fuego previsible, estacional y recurrente, observamos que fallan, perdiendo tiempo invaluable y permitiendo con ello la expansión de los daños sobre la vida humana y la naturaleza.

Abordar efectivamente los incendios forestales existentes, incluso en los humedales de agua dulce más importantes del país, implica, también, atender prioritariamente las causas que agravan la actual crisis ecológica, climática e hídrica y reconocer desde el Estado que estamos ante un Emergencia Socio-ambiental que exige, entre muchas cosas, reformular el diseño institucional de algunas agencias del Estado, en el caso, las involucradas en el Manejo del Fuego; reforzar las partidas presupuestarias para la protección y defensa de los bienes comunes, y consolidar el camino de la democracia ambiental en términos de mayor y mejor participación ciudadana en la toma de decisiones que comprometan la naturaleza y la vigencia de los derechos humanos ambientales.