Maduro, casi podrido

Por Gustavo José Vittori

Venezuela ya es una dictadura hecha y derecha. La última brizna republicana desapareció con el golpe institucional producido por Nicolás Maduro con la complicidad del Tribunal Supremo de Justicia para desplazar a la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) e introducir la cuña de la Asamblea Constituyente que, con agenda abierta y tiempo indeterminado de funcionamiento, asume, además de la tarea de modificar la Constitución vigente, el trabajo de legislar a diario por razones de “emergencia” nacional.

En una sucesión de actos manipulatorios, el gobierno de Maduro ha liquidado a la Asamblea Nacional -el órgano legislativo unicameral nacido de la reforma constitucional de 1999, inspirada por Hugo Chávez Frías-, en razón de que está integrada por una mayoría de diputados opositores, surgidos de las elecciones parlamentarias de 2015 en las que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) logró un aplastante triunfo en las urnas al alcanzar el 56,2 por ciento de los votos y obtener 112 diputados, en tanto que el oficialista Gran Polo Patriótico Simón Bolivar (GPPSB), sólo consiguió 55 representantes.

Esta indigerible derrota, generó desde entonces diferentes acciones del gobierno para neutralizar el desempeño del Poder Legislativo, y al final consiguió su propósito con todas las trampas y violencias de las que el periodismo ha dado cuenta día tras día, incluida la esperpéntica elección de convencionales constituyentes en base a una ingeniería institucional concebida para la ocasión.

Una Constitución hecha a medida

Para convocar a la Constituyente, el gobierno de Maduro esquivó los procedimientos establecidos en la Carta que ahora se reforma, empezando por la consulta popular que, según su texto, debía hacerse para definir a través del voto su necesidad o rechazo. Como si hubiese dejado de hablar con el pajarito que encarna el espíritu consejero de Chávez, Maduro se cortó solo, y en franca contradicción con la norma establecida por su mentor. Ésa es la medida de su desesperación ante la ola de reclamos sociales y la creciente inestabilidad política del gobierno.

Para lograr su objetivo se creó un diseño institucional sin precedentes, en el que el libre sufragio de los ciudadanos fue reemplazado por un sistema de doble representación: territorial y sectorial. En lo que concierne al primero, se le otorgó una voluminosa sobrerrepresentación a municipios rurales de poca población respecto de los municipios urbanos de mayor población, que son los lugares donde el gobierno enfrenta los más fuertes rechazos.

En el plano sectorial, se definieron siete agrupamientos sociales: trabajadores, pensionados, estudiantes, campesinos y pescadores, empresarios y discapacitados. Y se agregó un octavo: las comunidades indígenas.

El total de 545 convencionales electos se desagrega del siguiente modo: 364 tienen representación territorial; 173, representan a los siete sectores sociales establecidos; y 8, a las comunidades indígenas.

El sistema violó con cruda intención el principio constitucional de representación proporcional; y, además, la no obligatoriedad del voto, habida cuenta de que los empleados públicos fueron forzados a sufragar mediante el uso de tecnología de monitoreo y control, con la amenaza de que quienes no lo hicieran perderían sus empleos o, en su caso, sus beneficios sociales.

La contracara de este refuerzo de control amenazante, fue el desarme de parte de los procesos automatizados o su manipulación sin tapujos, situación reconocida por el presidente de la empresa que provee la tecnología electoral desde 2004. Más aún, según su información, el resultado electoral se infló en más de un millón de votos, mientras el modelo sectorial dejó afuera a unos cinco millones de ciudadanos con derecho a voto según la Constitución que ahora se revisa. El colmo del comicio fue que muchas personas pudieron emitir dos votos, uno por el Estado al que pertenecen y otro por el sector en el que listan, mientras que los que no encuadraban en alguno de los sectores determinados por el gobierno, sólo tenían derecho a un voto. No es ficción, así funcionan las dictaduras.

Rumbo al totalitarismo

Así como la creatividad contable de algunos gobiernos, con el tiempo suele precipitarlos a las honduras de graves crisis económicas que sufren sus pueblos; estos pactos institucionales urgidos por las circunstancias, alumbran monstruos que se comerán a sus padres.

El chavismo duro -que ahora viola reglas establecidas por su creador- podrá victimizarse y hablar de una conspiración internacional obstinada en destruir la revolución bolivariana como argumento justificador de sus acciones “autodefensivas”. Pero al margen de las palabras, de los discursos encendidos y extensos, enfatizados con la exhibición de la Constitución -hoy devaluada- que se aprieta en un libro en miniatura, hay datos y números -incluso oficiales- que objetivan la situación de Venezuela. La sistemática persecución y encarcelamiento de líderes opositores es incontestable, como lo son los 130 muertos en las calles del país durante las protestas provocadas por el cepo político, la pobreza creciente, el rampante desabastecimiento y la desbocada inflación. Manifestaciones de furia hacia adentro, y estampidas en las fronteras, son imágenes cotidianas de un país en avanzado estado de descomposición; más que maduro, casi podrido.

Pero ni las muertes reiteradas, ni las continuas persecusiones, ni los problemas de hambre y sanidad públicas, ni la inflación más alta del mundo, les mueven un pelo a chavistas de nuestro país que siguen teorizando acerca de si Venezuela vive una dictadura. Mucho menos les preocupan las muertes de jóvenes en las calles a las organizaciones de derechos humanos de la Argentina, que pierden legitimidad cada día que se cosen la boca respecto de las matanzas que ocurren en el país caribeño. Es más, la Constitución que impulsan Maduro y Diosdado Cabello, es la que sueña D’Elía, quien en 2015 pujaba por una reforma constitucional en nuestro país, que terminara de una vez con el execrable formato de una república democrática. Y es la que desean cristinistas convencidos, como Hugo Yaski, que días atrás, en una entrevista televisiva, renovó su apoyo al régimen dictatorial de Maduro, que luego de constituyente se convertirá en totalitario.