Se cumplen cuatro años de ese último 1° de abril en la existencia física de Micaela García. De esa noche en la cual Sebastián Wagner decidió arrebatarle la vida. Una persona, el femicida, que había sido previamente condenado por otros crímenes sexuales y había estado encarcelado por eso, que luego obtuvo la prisión domiciliaria en virtud de la decisión de un juez que desoyó las recomendaciones en contrario del servicio social penitenciario, el juez Rossi que luego fue sometido a Jury por esta decisión y protegido por la acción corporativa de otras autoridades judiciales de la provincia de Entre Ríos. Una persona, el femicida, que en los días previos a ese 1° de abril había acosado a una menor cuyo padre intentó denunciar el hecho en una comisaría local y fue enviado de vuelta a casa porque no estaba la fiscal de turno. Un cúmulo de errores o negligencias en la acción estatal que evidentemente allanan el camino para la comisión de un crimen. Una imagen que se repite en tantos casos similares y que, sin dudas, nos recuerda al reciente femicidio de Úrsula Bahillo quien acudió una gran cantidad de veces a las instituciones correspondientes en busca de protección frente a una violencia que terminó siendo letal.
El mundo que Micaela soñó
Desde el enorme dolor que dejó el femicidio de Micaela nació también el impulso a la discusión necesaria, con un rol clave de sus padres, que pudieron señalar el error de avanzar únicamente con respuestas construidas solo en el plano de lo punitivo, y pusieron sobre la mesa la urgencia de ir hacia lo estructural, hacia los cimientos que sostienen la acción errática de una sociedad y un Estado que no alcanzan aún el objetivo buscado de reducir y erradicar la violencia machista. La ley 27.499 -que lleva su nombre y crea un programa permanente de capacitación para agentes y funcionarios/as estatales- fue parida en el marco de ese debate y ya lleva hoy más de dos años de implementación, obviamente con asimetrías en las distintas jurisdicciones y territorios. En la provincia de Santa Fe su aplicación comenzó a partir del año 2020 y -aún en contexto de pandemia- se ha capacitado a más de 300 funcionarios/as provinciales, se iniciaron los procesos de formación en 267 gobiernos locales y se avanza en el diseño articulado con sindicatos para capacitar a la totalidad de las personas que trabajan en el Estado provincial, entre otras acciones de las cuales es importante destacar el trabajo específico sobre los agentes de las fuerzas de seguridad. La implementación de la Ley Micaela no puede ni debe ser una acción cosmética, esta ley fue pensada para acompañar un proceso de transformación cultural promoviendo la interpelación de prácticas discriminatorias o violentas naturalizadas, fortalecer las capacidades institucionales de dar respuestas efectivas frente a situaciones concretas e impulsar el desarrollo de políticas públicas en las cuales se imprima la búsqueda de igualdad.
Ponerla en práctica con toda la fuerza que demanda su dimensión transformadora debe ser un imperativo. Como lo es seguir insistiendo en la necesidad de revisar los instrumentos que puedan volver palpables los derechos sobre los cuales hemos legislado. En un momento en el cual contamos a nivel institucional con el mayor volumen de leyes, normativas y presupuesto invertido en las políticas para erradicar la violencia machista, todo lo cual parece aún insuficiente frente a la contundencia de los femicidios como lo evidenció el caso de Úrsula, sumado a la demanda necesaria por una reforma judicial que conmueva las estructuras anquilosadas de un poder corporativo que suele ubicarse lejos de la Justicia, parece un giro imprescindible poner el foco en la multiplicidad de movimientos comunitarios y colectivos feministas que no solo organizan la demanda sino que también gestionan y resuelven necesidades cotidianas. Orientando y acelerando el paso por la ruta crítica de la denuncia, promoviendo derechos e informando sobre las herramientas disponibles construyendo respuestas colectivas para hacer real la autonomía económica, educando en igualdad y respeto, abriendo el paso para que cada política ganada pueda volverse realidad hasta cada rincón del territorio, la organización comunitaria feminista es una clave para pensar el momento y una llave para salir del laberinto. Una política desburocratizada sostenida sobre el valor de lo relacional y la reivindicación de lo comunitario. La Ley Micaela fue en su génesis un paquete de leyes que buscaban fortalecer la acción preventiva para evitar la violencia, esas propuestas siguen siendo aun debates necesarios, las otras políticas que nos hacen falta para construir el mundo que Micaela soñó.
*Diputada provincial y referente del Movimiento Evita. Impulsora de la Ley Micaela García.
