La Oficina Anticorrupción fue creada en el año 1999 por el Gobierno del Dr. De La Rúa inspirada en ese entonces en la necesidad que existía en la ciudadanía de generar mecanismos para combatir la corrupción gubernamental que en esos tiempos sensibilizaba a la población de la mano del paulatino deterioro de los indicadores económicos. Y así, trece días de asumir, el 23 de diciembre, se dispone la creación de ese organismo que dura hasta nuestros días.
"Oficina Anticorrupción vs Agencia Nacional de Confianza Pública"
Siempre se criticó que la Oficina Anticorrupción no debía ser un organismo dentro del Poder Ejecutivo ya que su funcionamiento y en especial, su eficacia, iba a estar determinada por la voluntad política del Presidente de turno. Nada más cierto que eso.
En el informe final de la ex titular de la Oficina Anticorrupción hasta el año pasado, Lic. Laura Alonso, explicó sin rodeos que ese ente se había convertido hasta su llegada en “un repositorio de papeles y carpetas que justificaban la existencia de una burocracia con pocos o nulos resultados”. Nada podría sorprender menos del organismo que debió controlar la corrupción durante 12 años de kirchnerismo, en los que han llegado al conocimiento público decenas de denuncias y casos de corrupción que involucran hasta la actual Vicepresidente la nación.
La Oficina Anticorrupción tiene un vicio de origen: depende totalmente del Poder Ejecutivo y la impronta que éste le imponga. Por eso cada nuevo gobierno que llega, a menos de dos semanas de asumir, adapta la norma a su propia mirada. Así sucedió el 22 de diciembre del 2015 con el decreto 226/215 y así sucedió de nuevo el 20 de diciembre con el decreto 54/2019. Cambia el signo político, cambia la Oficina Anticorrupción.
Para peor, el signo político que ha llegado es el mismo que estaba hasta el 2015 y por lo tanto, menudas iban a ser sus ganas de avanzar en la investigación de los ilícitos de ese entonces. No sorprende que el actual titular del organismo haya decidido renunciar al rol de querellante en las causas de corrupción que involucran a la principal figura política del espacio que gobierna. La explicación oficial relativa a la necesidad de “concentrarse en otros casos más complejos y actuales” es casi una tomada de pelo. Tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra… es un perro.
Si realmente queremos luchar contra la corrupción, debemos tener un organismo serio en tal sentido, independiente y autónomo. Allá por el año 2018 junto a Lilita Carrió presentamos una iniciativa en esa línea que debe ser reflotada en estos tiempos: la creación de una Agencia Nacional de Confianza Pública, con un Director elegido por le Congreso cuyo mandato no coincida con el periodo presidencial y no pueda ser removido sino por determinación del Poder Legislativo.
No podemos esperar al próximo diciembre del año 2023 para ver qué pasa con la Oficina Anticorrupción y terminar repitiendo nuevamente el ciclo.
Si no damos una batalla seria, permanente y eficaz a la corrupción, nunca vamos a sacar a este país adelante. El momento es ahora.
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