Juan José Sagardía
Tribuna de opinión (por Juan José Sagardía)
Paritarias para servicios que son públicos
Las paritarias de los empleados que prestan servicio en efectores públicos, como empleados municipales, provinciales, nacionales, docentes, médicos, evidentemente en algún momento se establecieron y ahora son un derecho adquirido.
Se debería hacer un exhaustivo análisis sobre lo que significan los servicios que se prestan desde las distintas instituciones públicas para determinar quién establece los salarios que perciben sus empleados, según las múltiples actividades que realizan. Por ejemplo, todo lo relativo a Seguridad (militares, policías, Prefectura, Gendarmería y otros similares) no tiene paritarias y a sus salarios los determina el Poder Ejecutivo Nacional o Provincial, según corresponda, a través del Presupuesto aprobado.
En cambio toda la actividad relacionada a la Administración y Educación (docentes, universitarios, científicos), sean nacionales, provinciales o municipales, tienen para cada rama un gremio que los representa y discuten paritarias que incluyen cuestiones de índole no sólo salarial sino también laboral.
La pregunta es de carácter constitucional, ¿por qué algunos sectores públicos tienen paritarias y otros no?
Es necesario recordar que en los tres estamentos administrativos, municipal, provincial y nacional, una vez al año se establece el Presupuesto General, denominado la Ley de Leyes, y en el mismo se establecen las partidas que puede disponer el Ejecutivo para gastos de administración (sueldos), mantenimiento, obras públicas y partidas generales.
La asignación de partidas específicas determina el accionar del Ejecutivo. Por lo tanto es dable sostener que al estar las partidas para sueldos ya asignadas y delimitadas, lo que se puede discutir en una paritaria es solamente la faz laboral.
Constitucionalmente, el Ejecutivo puede salirse de las partidas asignadas en el Presupuesto General. Pero aquí aparece la segunda pregunta, ¿qué sucede si el Ejecutivo ofrece para pagar los sueldos de quienes prestan servicios públicos un monto superior a lo determinado? ¿Quién asume la responsabilidad por los mayores costos?
Porque se pierde tiempo haciendo el juego del gato y el ratón, los administradores de los tres Estados saben desde fin de año cuál es la partida que disponen para pagar salarios, por lo cual todo lo que hacen es generar con los gremialistas, una discordia afectando la convivencia, que en el caso de los docentes, se perjudica a los niños y en los demás servicios públicos a los ciudadanos.
Los políticos que administran los bienes del Estado, ¿cuándo entenderán que se debe trabajar con “la Ley Madre”, que es la Constitución?
¡Qué paciente que es el pueblo!
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