Perón y las Tres A

por Rogelio Alaniz [email protected]

Sobre el nacimiento de las Tres A no hay una fecha precisa. Tampoco existe un acto en la que se declara fundada esa institución benéfica. Lo que se sabe es que existió, que sus sicarios mataron por lo menos quinientas personas. Cuando el ministro José López Rega cayó en desgracia, las Tres A como tales dejaron de actuar, pero no lo hicieron algunos de sus principales gatilleros, muchos de los cuales pasaron a formar parte de los grupos de tareas de la dictadura militar. En principio, el terrorismo de Estado -y la ejecución de disidentes- se inició de manera sistemática después del 20 de junio de 1973. Antes hubo secuestros y crímenes, pero recién a partir de la llegada del peronismo al poder esto se transforma en un hábito. Por lo tanto, a partir de la llegada de Cámpora en marzo de 1973 -y luego del ajuste de cuentas de la extrema derecha peronista contra los Montoneros en junio de ese año-, el secuestro, la ejecución de activistas políticos y las bombas a locales partidarios se transformaron en algo habitual. Los protagonistas de estas actividades civilizatorias eran matones sindicales, lúmpenes reclutados en el hampa o reconocidos militantes de organizaciones peronistas de extrema derecha. Ya para entonces el Ministerio de Bienestar Social dirigido por el brujo siniestro se había transformado en una reserva “espiritual”, de cuanto gatillero quisiera matar zurdos, judíos e infiltrados. Personajes como Osinde, Norma Kennedy, Brito Lima, Giovenco, Yessi, existían antes de las Tres A y a ninguno de ellos les hacía asco matar a los “bolches” que conspiraban contra el gobierno peronista. Armas no les faltaban. En los sótanos del Ministerio, había fusiles, granadas y pistolas como “para hacer dulce”. Las malas lenguas aseguran que el abastecedor de estos elegantes insumos era el embajador Manuel Anchorena, peronista y rosista por la gracia de Dios. Para que el panorama sea completo, importa destacar que Montoneros, por el lado del peronismo, y el ERP y otras organizaciones armadas, por la ultraizquierda, nunca dejaron las armas y siempre se las ingeniaron para justificar ideológicamente que era necesario continuar la “guerra popular” contra los enemigos del pueblo. Que esa actividad militar la desarrollasen en plena democracia, para la mayoría de estos muchachos era apenas un detalle, ya que para ellos mucho más importante que la despreciable democracia burguesa era la dictadura del proletariado, tal como la estaban realizando para esa misma época sus camaradas de Camboya. En el caso de Montoneros, la situación fue un tanto más compleja porque en algún momento fueron gobierno y subversión al mismo tiempo. A diferencia de los bandas de extrema derecha y del matonaje sindical reclutado en los bajos fondos, los Montoneros se jactaban de contar con militantes convencidos de la bondad de su causa. Ninguna de estas “virtudes” justifica la disposición a matar. Ni la alienación ideológica materializada en la consigna “socialismo nacional y guerra popular” o la convicción de que para fundar una sociedad justa era necesario matar, por lo menos, medio millón de argentinos, una cifra que hasta el militar más carnicero de la dictadura jamás se hubiera atrevido a pronunciar. Es verdad que en el clima social y político de la época todos estos crímenes se justificaban con muy buenos argumentos. Para 1973, los principales protagonistas de la política oficial reivindicaban la muerte como camino para lograr sus objetivos; algunos lo hacían desde el Estado y otros desde el llano, aunque en el caso que nos ocupa se dio la coincidencia de que las diferentes facciones en algún momento controlaron agencias estatales y las pusieron a su servicio. Hecha estas consideraciones, retornemos a las Tres A, ese aporte maravilloso que el peronismo brindó a la causa nacional. Decía que matar sin remordimientos era una faena que se venía haciendo desde antes de que aparecieran las siglas de las Tres A, pero convengamos que esa lógica de muerte se incentivó desde que esta sigla aparece en el espacio público. Según los estudiosos, su primera hazaña ocurrió el 21 de noviembre de 1973 y no contra un infiltrado peronista, sino contra uno de los dirigentes radicales más caracterizados de aquellos años: Hipólito Solari Yrigoyen. Como se recordará, los muchachos le pusieron una bomba en su auto estacionado en la cochera de Marcelo T. de Alvear 1276. ¿El pecado de Solari Yrigoyen? Defender presos políticos y haberse opuesto como senador a uno de estos tantos adefesios sindicales que presentan los peronistas bajo el nombre de Ley de Asociaciones Profesionales. ¡Curioso! Las Tres A se constituían para limpiar zurdos e infiltrados, pero la primera bomba fue dirigida a un político radical de impecable trayectoria democrática. Se dice que con respecto a la “Solución final” pergeñada por los nazis no hay una fecha, un lugar o un decreto que la dé por iniciada. Se presume que esto ocurrió en la conferencia de Wannsee, pero no hay pruebas documentales al respecto. Con la fundación de las Tres A ocurre algo parecido. Se afirma que Perón decidió avalar el terrorismo de Estado cuando los Montoneros mataron a Rucci, algo así como un hijo suyo, según dijeron sus incondicionales, afirmación un tanto audaz porque Perón no tenía hijos ni biológicos ni políticos y si alguna heredera le importaba, ella se llamaba Isabel, pero ése es otro tema. Furioso por la muerte de Rucci, Perón dio luz verde a sus seguidores para que “den leña”. La reunión que dio nacimiento al monstruo se celebró el 1º de octubre de 1973. Algunos dicen que fue en la propia Casa Rosada; otros dicen que en la residencia de Olivos. Allí estuvieron todos, desde Perón, pasando por López Rega, Vignes, Llambí y Raúl Lastri, el célebre yerno que nos honró a los argentinos con su presidencia. Es en esa reunión, donde se decide declarar el estado de guerra contra los infiltrados marxistas del movimiento. En el el cónclave también estuvo presente el presidente del Partido Justicialista, el senador José Humberto Martiarena a quien estas iniciativas lo pusieron en un estado de euforia tal que en algún momento mereció un tirón de orejas por parte de su jefe. Entre otras decisiones tomadas en esta reunión de tiernos tortolitos, fue la de establecer que las medidas de lucha a tomar serán todas las que se consideren eficientes en cada lugar y oportunidad. Dicho con otras palabras: lo que se estableció fue recurrir a los medios legales e ilegales para cumplir con los objetivos. Lo que no pudiera hacer la policía peronista lo harían los grupos armados, “los somatenes”, como le gustaba decir a Perón en referencia a las bandas de asesinos contratados por Miguel Primo de Rivera en España para liquidar disidentes. La distribución de tareas entre bandas civiles y uniformadas era clara, pero algunas confusiones a veces se generaban, pues, como se probara en su momento, muchos que trabajaban con uniforme de día, se vestían con ropa de hombres de la calle de noche. Lo demás era conocido: la policía aseguraba territorio liberado y los matones hacían su trabajo. La aplicación más brutal de este alegre reparto de tareas fue el secuestro y asesinato de Silvio Frondizi en septiembre de 1974, operativo montado en pleno centro de la ciudad y a la hora de mayor presencia de público, como para que todos supieran que los buenos muchachos podían hacer lo que se les diera la gana. Algo parecido ocurrió con el asesinato del dirigente peronista Ortega Peña, asesinado en julio de 1974. En la ocasión, sus amigos fueron a hacer la denuncia a la seccional más cercana y allí se encontraron con el comisario Villar y sus colaboradores festejado la muerte. “El próximo muerto sos vos hijos de puta”, le gritó Muñiz Barreto, millonario y Montonero. La cosa no pasó a mayores porque en ese momento llegaron legisladores peronistas a ofrecer el Congreso para velar al muerto, un monumento al cinismo y la desvergüenza, porque algunos de esos diputados aplaudían calurosamente las hazañas de las Tres A.