La Unidad Popular cuarenta años después

Michelle Bachelet recibe la banda presidencial de manos de Eduardo Frei, hijo de quien apoyara a Allende desde la Democracia Cristina en 1970 y presidente de Chile entre 1994 y 2000. A la derecha, el también ex presidente Ricardo Lagos. Foto: Archivo El Litoral

Rogelio Alaniz

Salvador Allende llegó a la presidencia de la Nación con el treinta y cinco por ciento de los votos. Para asumir necesitó del apoyo de la Democracia Cristiana, el partido que entonces representaba a las clases medias y que había llevado como candidato presidencial en esas elecciones a Radomiro Tomic, un hombre inteligente y progresista ubicado en el ala izquierda de la DC.

Aún circulan las fotos y videos que en esos días registran la visita de Allende a la casa de Eduardo Frei y el abrazo como símbolo del entendimiento democrático de los principales dirigentes de los dos grandes partidos políticos de Chile. El voto de los legisladores cristianos para que Allende asumiera como presidente exigió a cambio el respeto al Estado de Derecho, pero por sobre todas las cosas fue una advertencia precisa del sistema a la Unidad Popular sobre sus límites.

Un año después el acuerdo estaba roto. La Unidad Popular calificaba a la Democracia Cristiana como un engendro “freísta” aliado a los fascistas y los “momios”, es decir, la derecha expresada por el Partido Nacional, el partido que había obtenido alrededor del treinta por ciento de los votos en las elecciones de 1970.

El supuesto giro a la derecha de la Democracia Cristiana fue aceptado sin beneficio de inventario por la izquierda. Sobre estos temas los argumentos de la izquierda fueron abundantes. Se hablaba de las vacilaciones de los aliados burgueses, de sus inconsecuencias o de la inevitable defección de los partidos de la burguesía con los proyectos revolucionarios.

Estos “clisés” en el universo de la izquierda entonces eran creídos como dogmas de fe. Los aliados burgueses son débiles, traicionan y están condenados a ser barridos por la locomotora de la historia, se decía muy suelto de cuerpo. El argumento se reforzaba con otro mito de la izquierda, un mito que se expresaba a través de un diagnóstico que se creía al pie de la letra. Me refiero al dogma que establecía que un país, Chile en este caso, era explotado y dominado por un puñado minoritario de explotadores.

Para este diagnóstico, la inmensa mayoría del pueblo estaba “objetivamente” interesada en un proyecto revolucionario. Que este balance nunca se ajustara a la realidad, que las adhesiones de la sociedad al capitalismo, fueran siempre mucho más elevadas que estos análisis supuestamente científicos, importaban poco para el universo mítico de la izquierda. Finalmente, cuando la realidad contradijo estos lugares comunes, las justificaciones se trasladaron de la objetividad a la subjetividad: la barbarie de la derecha, el comportamiento canalla de los burgueses, la maldad de los fascistas y otras lindezas por el estilo.

En las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, la Unidad Popular obtuvo más votos, pero en el mejor escenario político posible nunca dejó de ser una primera minoría, con un porcentaje de votos en contra que siempre superó generosamente el cincuenta por ciento. La oposición no sólo que fue siempre mayoritaria, sino que a lo largo de esos años intensos y turbulentos se unió y movilizó. El “puñado” de oligarcas y explotadores no estaba solo.

Desde el punto de vista electoral, con esa relación de fuerzas era muy difícil proponerse una revolución social o empujar la legalidad del sistema al borde de esa prometida y deseada situación revolucionaria. Algunos dirigentes de izquierda objetaban estas observaciones por electoralistas. Según ellos, las elecciones eran una herramienta táctica subordinada a objetivos más altos y nobles. Nunca lo expresaron de manera explícita, pero está claro que en esa ambigüedad entre la legalidad burguesa y las ambiciones revolucionarias latía la ilusión de la izquierda del siglo veinte de una revolución a través del asalto al poder. O de un golpe de mano audaz, no muy diferente al perpetrado por los bolcheviques en Rusia en 1917. No hay datos de que esta consigna se haya intentado cumplir, pero en la subjetividad de la izquierda el modelo revolucionario leninista ha sido el único vigente, más allá de las retóricas del caso o de los esfuerzos de adaptar el paradigma de octubre a las nuevas realidades.

¿Había otras alternativas para la Unidad Popular? Muy pocas. “Profundizar el programa de la Unidad Popular”, se decía. ¿Qué significaba ello? ¿Radicalizarlo o abrir juego al centro, es decir a la Democracia Cristiana y, por lo tanto, limitar sus objetivos? Cualquiera de estas soluciones imponía serias dificultades. Radicalizar a la Unidad Popular significaba acentuar las tensiones; abrir juego a la derecha se consideraba una capitulación y perder la adhesión de los sectores más militantes. La otra posibilidad era seguir en la misma línea, que más que una alternativa era una confesión de impotencia, la admisión de una suerte de autoprofecía cumplida: como la derecha no dejaría cumplir con las metas revolucionarias, había que prepararse a morir con dignidad

El argumento de la izquierda más dura planteaba no reducir las alianzas a la partidocracia política y profundizar el acuerdo social con las bases. La consigna no era muy diferente a la que sostenían, entre otros, los troskistas en España con sus consignas a favor de la constitución de organismos de masas de doble poder que generaran las bases de un nuevo orden social revolucionario. Estas especulaciones suelen ser muy seductoras, pero de difícil, por no decir imposible, aplicación en la práctica. Un político veterano en las luchas parlamentarias como Allende no podía dejarse seducir por estas opciones, pero el camino de recomponer la alianza con la Democracia Cristiana tampoco tenía posibilidades de concretarse.

Cuarenta años después queda claro que la Unidad Popular marchó impotente hacia una tragedia anunciada. Todos los dirigentes de esta coalición, los más moderados y los más radicalizados, sabían que la derecha no los iba a dejar cumplir con el programa revolucionario. Ni la derecha chilena ni la derecha norteamericana. Al respecto podemos enojarnos e indignarnos, pero a la hora de la evaluación histórica no se le puede reprochar al enemigo que cumpla al pie de la letra el rol que se le había asignado.

Una realidad política es trágica cuando la situación histórica se traba de tal manera que todas las salidas se bloquean más allá de la razón o la justicia de sus protagonistas. La estrategia de la Unidad Popular se inscribe perfectamente en esta consideración. Revolucionarios por los objetivos propuestos y reformistas por la metodología aplicada, se propusieron crear un camino hacia la revolución distante del clásico reformismo socialdemócrata y del insurrecionalismo bolchevique. Fracasaron. Todas las invectivas que se puedan proferir contra Pinochet, Nixon y Kissinger no disimulan esa dolorosa realidad. La Unidad Popular tenía la obligación de saber que la reacción de la derecha en algún momento se iba a producir. Debía saberlo y efectivamente lo sabían, y el hecho de que no hayan podido hacer nada para impedirlo es otra de las pruebas de la tragedia y el fracaso.

Pinochet se mantuvo en el poder durante casi veinte años y por el peor de los caminos y recurriendo a las metodologías más detestables, logró reconstruir para la derecha un consenso que sigue gravitando hasta el día de hoy. No obstante ello los protagonistas de la Unidad Popular retornaron al gobierno a través de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en el marco de una alianza con la Democracia Cristiana, y con metas y objetivos diferentes a los de 1970.

La adaptación a un nuevo escenario histórico fue algo más que una táctica resignada. La exigencia de un cambio político significaba admitir que la derrota de 1973 era también la derrota de un paradigma y una ideología respecto de la revolución, el poder y el cambio social. Con los matices del caso, los herederos de aquella experiencia admiten que con prescindencia de la nobleza de los objetivos la experiencia de la Unidad Popular fue inviable en los setenta e irrepetible en el siglo XXI.

Cuarenta años después queda claro que la Unidad Popular marchó impotente hacia una tragedia anunciada. Todos los dirigentes de esta coalición sabían que la derecha no los iba a dejar cumplir con el programa revolucionario.