Usurpaciones, déficit habitacional y falsos progresismos

Por Dr. Carlos Suárez (*) Concejal (MC), UCR-Juntos por el Cambio (2007-2011, 2016-2017, 2017-2021).

"No hay derecho sin fuerza" Fuerza de Ley. Jacques Derrida.

Asistimos por estos días a un nuevo capítulo de una situación que, en mi caso, hace ya unos años vengo abordando pero que es de larga data. Es ver cómo la inacción recurrente del Estado profundiza, potencia y multiplica situaciones que generan perjuicios para todos los involucrados, tanto individual como colectivamente.

Las usurpaciones de tierras vacantes, tanto públicas como privadas, no son un hecho nuevo, como tampoco lo es -en términos más o menos generales- la inacción del Estado. Lo que sí es un hecho nuevo es que este gobierno nacional, quizás por el convencimiento de alguno de sus funcionarios, o por marco ideológico, ha hecho un gran daño en esta materia, ya que dio señales inequívocas que usurpar u ocupar estaba bien, si el fundamento de ello era la pobreza y la imposibilidad de acceso al suelo, sea para vivienda o como unidad de producción.

Esa gestualidad del gobierno nacional sin dudas ha actuado como gran promotor de lo que venimos viendo, sucede en nuestra ciudad y que, cada tanto como una suerte de reel de alguna red social, se repite. Se producen usurpaciones y ocupaciones en tierras no aptas, reservorios hídricos, defensas, playas, espacios destinados a plazas o parques, o directamente espacios privados, del Estado o de particulares.

No desconocemos el déficit habitacional existente, que es un problema transversal de la sociedad argentina, pero, hay que decirlo, la mirada del gobierno nacional no ayuda. Ya no solo a quienes por sus situaciones de vulnerabilidad toman la decisión de usurpar u ocupar, sino porque frente a esta mirada también actúan quienes con más recursos -de todo tipo- usurpan u ocupan (es lo que pasa con los campos en Santiago del Estero, o la prolongación de terrenos propios en espacios del ferrocarril en nuestra ciudad, situación muy combatida por gestiones municipales anteriores).

Puede no haber un acuerdo general en cómo abordar este problema (para mí sí lo hay y más abajo volveré en este sentido), pero nuestra ciudad había establecido a lo largo de más de doce años, con una política clara, en qué lugares el Estado no toleraría este tipo de ocupaciones: en los lugares relacionados al riesgo hídrico con el que convive nuestra ciudad. Es decir, los espacios vinculados a la protección de la ciudad, reservorios y defensas, eran intocables; y cualquier intención tenía una intervención decidida del gobierno local para evitarla.

A la luz de los últimos acontecimientos, parecería ser que algo de eso cambió. Cuando escuchamos a algunos funcionarios municipales parecería ser que hay frente a estas situaciones una actitud contemplativa, vinculada con las innumerable cantidad de carencias que tienen quienes llevan adelante estas acciones, como si hubiera una relación directa entre la satisfacción de las mismas y la posibilidad de ocupar una tierra no apta y cuya radicación en ella pone en peligro su vida y la de su familia.

Como si la sola permanencia en un espacio (peligroso como una defensa) mejorara las condiciones de vida de quien así lo hace. Nada más alejado de la realidad es esa mirada de "falso progresismo", donde con un discurso de clase sufrida que, tomando el toro por las astas y avanzando en resolver un problema que el Estado no quiere resolver, ocupa tierras deliberadamente.

Es tan hipócrita el discurso, porque el paso del tiempo demuestra que no solo el Estado no hace cumplir la ley en un primer momento, sino que además luego nunca aborda las soluciones de fondo de los problemas que se generan bajo el amparo de esa mirada de "falso progresismo". Sacando las situaciones que son claras como la de los reservorios o defensas, en otros ejemplos, como el del barrio El Pozo, me pregunto: ¿cuál ha sido la propuesta de expropiación que se le realizó al particular titular del inmueble (conforme lo que prevé la ley)? ¿cuáles han sido las políticas activas para mejorar las condiciones de vida de esos vecinos?, ¿cuál ha sido la inversión en infraestructura de obras y servicios?

Solamente se puede deducir observando la realidad, que nada pasó ni pasa. Hace más de tres años reclamamos, por el compromiso que habían asumido autoridades provinciales y municipales en una reunión sobre el tema, conocer el protocolo de actuaciones frente a estas situaciones de usurpación u ocupación; protocolo que debería contemplar la intervención en "nuevas ocupaciones o usurpaciones" y distinguiendo "las ampliaciones" que se den en las más consolidadas. Si se me permite el oxímoron, hay un atronador silencio en este tema.

El principal error en el abordaje de esta materia es no hacer cumplir la ley. Esa falta de cumplimiento para evitar usurpaciones u ocupaciones; la falta de compromiso con la obligación de proveer una vivienda digna; la falta de utilización de herramientas conocidas, existentes y vigentes como la de los bancos de tierra como mecanismo para avanzar en resolver este tipo de problemas; la necesidad de mayores presupuestos en las áreas de gobierno que atienden esta temática; la distribución equitativa de esos recursos cuando los mismos deben bajar de otros niveles del Estado al municipal; eso que está en manos del Estado y de nadie más, es lo que falta.

En definitiva, construir como ciudad (como se venía haciendo en algunos aspectos: defensas, reservorios, etc. y que es necesario retomar) una verdadera política pública, que esté libre de interpretaciones de gestión, por lo menos en sus trazos gruesos y que permita avanzar en poner en el eje: al vecino, el que no tiene donde vivir y ve en la usurpación una alternativa. Pero también el que vive cerca de un terreno vacante; el que vive en un espacio ocupado carente de servicios y el que paga todos los servicios se ve afectado por estas situaciones. Algo es claro, no hacer nada no resolverá el problema, debe la política asumir ese compromiso, ajustando su conducta a permitir lo que la ley permite y prohibir lo que no.

Las usurpaciones de tierras vacantes, tanto públicas como privadas, no son un hecho nuevo, como tampoco lo es -en términos más o menos generales- la inacción del Estado. Lo que sí es un hecho nuevo es que este gobierno nacional, quizás por el convencimiento de alguno de sus funcionarios, o por marco ideológico, ha hecho un gran daño en esta materia, ya que dio señales inequívocas que usurpar u ocupar estaba bien, si el fundamento de ello era la pobreza y la imposibilidad de acceso al suelo, sea para vivienda o como unidad de producción.