El voto femenino, una larga travesía

Rogelio Alaniz

El domingo 8 de abril de 1928 se constituye en la provincia de San Juan la primera mesa femenina, mientras las modestas cámaras fotográficas de entonces registran a mujeres esperando su turno para votar. Pertenece al gobierno radical bloquista de Aldo Lencinas y a la iniciativa de su hermano Federico en la constituyente provincial de 1927, haber hecho realidad un logro que desde hacía por lo menos veinte años un puñado de mujeres socialistas y radicales pugnaban lograr en la Nación contra viento y marea y a contramano de un discurso oficial que seguía considerando a la mujer con el status jurídico del incapaz o el menor de edad.

Ese domingo votó en San Juan casi el noventa y siete por ciento del padrón femenino, superando en casi siete puntos el padrón masculino. La mujer sanjuanina no sólo pudo votar para elegir autoridades municipales y provinciales, sino que además comenzó a ocupar cargos públicos como lo demuestra entre otros casos, Eva Araya Pocous de Collado, designada por el gobernador como intendente de Calingasta.

Los procesos históricos no son casuales y por lo general obedecen a despliegues sociales y culturales que hay que saber rastrear. En San Juan, la participación de la mujer estaba garantizada en Constituciones como las de 1856 y 1878. La diferencia con la iniciativa de 1928, es que en este caso la participación se inscribirá en el marco del sufragio universal, mientras que en el siglo XIX ese derecho se expresaba en el contexto del voto calificado, ya que sólo estaban habilitadas para votar las mujeres propietarias. De todos modos, no deja de ser llamativo que ya para entonces existiera entre la clase dirigente de la provincia un amplio consenso a favor de la participación de la mujer en las decisiones públicas.

Al respecto, conviene tener presente que en dos provincias con modos productivos parecidos, como son San Juan y Mendoza, los derechos de la mujer estaban reconocidos mucho tiempo antes de que se decidiera a favor de ellas en el orden nacional. Seguramente, el rol de la mujer en la actividad económica y en la propia organización de la familia prepararon las condiciones, ya que era más que evidente que en estas regiones la mujer estaba preparada no sólo para educar a sus hijos, sino para dirigir las fincas o reemplazar a sus maridos muchas veces ausentes por sus actividades de arrieros o mineros.

Las vicisitudes de nuestro orden institucional, las luchas facciosas del radicalismo bloquista y la UCR yrigoyenista conspiraron contra este avance institucional que se debería haber constituido en un ejemplo para la Nación. La llegada a la presidencia de Hipólito Yrigoyen en 1928 preparará las condiciones para la intervención de sus odiados rivales sanjuaninos y la consecuente derogación de la Constitución Provincial. Yrigoyen no olvidaba que los Lencinas habían sido sus más tenaces críticos y, seguramente, los responsables de la muerte del gobernador Amable Jones, emboscado en La Rinconada, motivo por el cual Federico Lencinas fue detenido, prisión de la que se liberará gracias al voto popular que lo trasladará desde la cárcel a la casa de gobierno, acompañado por una multitud que levantaba como símbolo partidario la alpargata.

Los hermanos Cantoni fueron tres: Federico, Aldo y Erio. Pertenecían a una familia acomodada de la provincia, motivo por el cual pudieron estudiar en Buenos Aires. Fue allí donde Federico se relaciona con las lumbreras del socialismo de entonces y construye una discreta amistad con Alicia Moreau de Justo. Socialista en Buenos Aires y radical en San Juan, Lencinas intenta explicarle a la estrecha clase dirigente de su provincia que es posible gobernar para los pobres sin necesidad de ser comunista. Carismático, audaz, inteligente, logra en poco tiempo constituirse en caudillo político y desbordar con su presencia avasallante a las estructuras de los conservadores y de los propios radicales.

Electo gobernador en 1923, debe soportar la intervención a la provincia en 1925, aunque al año siguiente regresa al gobierno su hermano Aldo. Es en ese contexto cuando se convoca a la asamblea constituyente, donde a los derechos individuales y políticos, le suman los derechos sociales como el salario mínimo, la jornada laboral de ocho horas, el derecho a la vivienda y la jubilación.

En homenaje al pasado, habría que decir que la primera mujer que votó en la Argentina se llamó Julieta Lanteri.

Lo hizo en octubre de 1911 en una mesa de la parroquia porteña de San Juan. Las crónicas destacan el momento en que un atribulado presidente de mesa -Adolfo Saldías- le entrega el sobre a esta “mujer terrible”, como dijera en su momento el juez, quien harto de soportar sus presiones, críticas y acechanzas decidió dejarla votar, luego de que ella hiciera efectivo el trámite de nacionalización.

Desde la ley Sáenz Peña en adelante abundaron los proyectos a favor del voto femenino. Alfredo Palacios y Mario Bravo fueron algunos de los legisladores más destacados, pero particular mención merece el legislador nacional por la UCR, Rogelio Araya, quien en julio de 1919 presentó un proyecto que el Senado, controlado por los conservadores, rechazó sin miramientos.

En 1932, el proyecto socialista es aprobado por la Cámara de diputados, pero se traba en Senadores. En las elecciones de febrero de 1946, la plataforma de la Unión Democrática deja expresamente establecido su posición a favor del voto femenino. En diversos actos públicos, José Tamborini afirma que éstas son las últimas elecciones sin la participación de la mujer. Algo parecido afirma Juan Domingo Perón, aunque esta promesa no está formalizada en su plataforma partidaria.

La ley 13.010 aprobada por el Congreso fue sancionada en septiembre de 1947, veinte años después de las jornadas de abril de 1928 en San Juan. El proyecto de voto femenino fue presentado en agosto de 1946 en la Cámara de Senadores por el senador mendocino de filiación radical, Lorenzo Soler. Éste es el proyecto que será aprobado en Senadores y al que luego se remitirá el diputado peronista Eduardo Colom.

El debate en el Congreso será intenso y abundarán las imputaciones. Los dos bloques mayoritarios están de acuerdo con reconocerle el voto a la mujer, pero discrepan acerca del contexto político en el que se hace posible este derecho. Particularmente, la oposición manifiesta su recelo por la descarada manipulación de una ley en la que están todos de acuerdo, pero el oficialismo se empecina en presentarla como la súbita inspiración de la esposa del presidente.

Más de cincuenta oradores se anotan para participar en la discusión, lista que finalmente se reduce a pedido del oficialismo y a pesar de las críticas radicales quienes no dejan de señalar la contradicción existente entre quienes hablan de ampliar el voto, pero se oponen a profundizar el debate.

Por la UCR, el vocero de la causa femenina es el diputado Ernesto Sanmartino, quien ya había presentado en 1932 una propuesta parecida en la provincia de Entre Ríos. Como para expresar el tono de la polémica abierta, conviene citar algunos párrafos del discurso de Sanmartino, sobre todo cuando luego de reafirmar el voto de la mujer, advierte que “no queremos darle el voto a la mujer para que mañana vote por ella el cura sectario, el marido despótico o el demagogo sin escrúpulos. Decirle la verdad a tiempo es menos lúcido pero es más útil que remover grandes discursos en los funerales de la libertad”.

La ley 13.010, importa recordarlo una vez más, no fue una iniciativa solitaria, sino el producto de un amplio consenso y, salvo las alborotadas discusiones de la coyuntura, no hubo resistencias a admitir un derecho que ya estaba inscripto en la realidad de las cosas, derecho sobre el que la oposición disponía de más títulos que un oficialismo cuyos principales protagonistas habían exhibido hasta la fecha un persistente silencio o una sospechosa indiferencia.

Los procesos históricos no son casuales y por lo general obedecen a despliegues sociales y culturales que hay que saber rastrear. En San Juan, la participación de la mujer estaba garantizada en las Constituciones de 1856 y 1878.

El domingo 8 de abril de 1928 casi el noventa y siete por ciento del padrón femenino votó por primera vez en San Juan.