Luis Rodrigo
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Quejas por la prestación del servicio, por el trato desigual que el Estado provincial da a los santafesinos según donde vivan, la naturaleza jurídica del prestador o la distancia que los separa de una de las mejores fuentes de captación de agua cruda del mundo: el Paraná y sus afluentes.
Enojos con más o menos términos duros (y hasta algún agravio) porque amplios sectores sociales en las ciudades más importantes y en bastas regiones geográficas alejadas de los centros urbanos no tienen agua potable.
Críticas porque el Estado Nacional hace pocos o ningún aporte al saneamiento en una provincia que aporta recursos valiosos a las arcas de la administración central.
La enumeración es incompleta y muestra apenas una parte de la Audiencia Pública que esta mañana se celebró para analizar -de manera no vinculante, pero con un peso político fuerte- el rechazo o el consenso que genera el pedido de Aguas Santafesinas SA de actualizar sus tarifas, con una modalidad que suma un aumento del 138% para el valor del metro cúbico de agua.
Garantizar el acceso al agua y procurar más eficiencia en la prestación del servicio (mediante micromedidores que distingan las pérdidas callejeras del derroche domiciliario) fueron los ejes del debate de esta mañana.
En ese contexto, por el dramatismo -muy teatral según sus detractores- sobresalieron las quejas de los representantes rafaelinos.
La jornada en Santa Fe contó con las ventajas y desventajas de haber quedado en segundo término, tras celebrarse el mismo encuentro en Rosario, ahora hubo menos reiteraciones y más definiciones. Con una diferencia sustancial: el ministro que tiene a su cargo el tema, Antonio Ciancio sí estuvo ayer en Rosario, y optó por tener un contacto vía teleconferencia con la reunión, que continuaba desarrollándose al cierre de esta edición en la bella Aula Alberdi de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.
Segunda
Ya no es inédito. Nuevamente se ha consagrado el derecho de los usuarios a expresarse en una audiencia pública. La primera reunión de este tipo, realizada el año pasado con el mismo motivo, logró morigerar las críticas al servicio, por lo novedoso de canalizar la participación desde el propio Enress. Ahora hubo menos paciencia.
El sector cooperativo planteó que tiene en sus manos la mayor parte de la provisión del servicio de agua potable en todos los distritos a los que el Estado “no supo o no quiso llegar”. Y que los socios cooperativistas no cuentan con el mismo trato que los clientes o usuarios de Assa, porque la empresa pública el gobierno le cubre más del 50% de los recursos para su funcionamiento a las cooperativas.
Quedó una duda sin respuesta: ¿por qué el conjunto de los santafesinos debe subsidiar (entre otros) a los consumos de agua potable de los sectores más ricos en las ciudades de Santa Fe y Rosario?
En el mismo sentido se expresó la mayoría de los usuarios: hubo planteos sobre situaciones particulares injustas -la más común la falta de medidores- pero se puso especial énfasis en lo que reconoció en su discurso el titular de la empresa, Alberto Daniele: para el corto plazo no será posible cumplir con los objetivos del milenio, de dar acceso al agua potable a todos y garantizar su derecho a contarla en cantidad y calidad.
Cuatro a uno
“Sabemos que no habrá un aumento del 138% y que seguramente producto de lo que conversemos aquí, el Enress buscará una solución diferente”, advirtió Daniele.
El titular de Assa se quedó en primera fila a enfrentar las críticas (las más duras de Rafaela) y algunos elogios de los usuarios (de nuestra ciudad, sobre la calidad del agua potable).
Deslizó que espera que la empresa, hoy una sociedad anónima, se convierta en una sociedad del Estado, y se llame “Asse”.
Para describir las razones del pedido de aumento, mencionó que mientras los costos se multiplicaron los ingresos no han crecido en la misma proporción, a pesar de mantenerse el cumplimiento de pagos de los usuarios. “La relación entre costos e ingresos es de cuatro a uno”, graficó. La suba de los costos operativos fue del 326%.
Daniele lamentó que las tarifas desactualizadas (se mostró proclive a una reforma) distraigan recursos públicos provinciales para atender la prestación del servicio en lugar de volcarse en infraestructura, para el plan de acueductos.
Tras mencionar que “Assa no le ha cortado el servicio a nadie” comparó costos. La empresa estatal subsidiada por todos los santafesinos tiene los mil litros de agua a sólo {cuerpo},63, mientras que los demás prestadores (cooperativas, municipios y comunas) llegan a los $ 4.
Advirtió que porteños y bonaerenses tienen un subsidio del Estado Nacional igual al 300% de la recaudación de la firma Aysa.
Negó que se haya aumentado el personal de forma extraordinaria y dijo que el 17% en que creció su planta en 6 años se corresponde con la incorporación de 200 mil nuevos habitantes con el servicio, la ejecución de 650 km de cañerías conductoras y la realización de 70 obras de mejoras en ambos sistemas.




